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A más de cinco años de la tragedia que enlutó a toda una familia y conmocionó al país, un Tribunal de Sentencia de Central presidido por Gloria Garay intentará por tercera vez dar inicio al juzgamiento de los siete agentes antidrogas acusados por homicidio doloso.
Los agentes acusados
Los acusados son: Luis Servián Rotela, exdirector de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los agentes Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Christian Osmar Morán Galeano, José Domingo López Orrego, Ignacio Alcides Sosa Pineda y Luis Ángel Servián Rotela.
A su vez, José del Rosario Sánchez López y Emilio José Vall Sánchez están acusados en carácter de cómplices.
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Todos están recluidos en la prisión militar de Viñas Cue.
La convocatoria del Tribunal de Sentencia es para el próximo 29 de setiembre a las 11:30.
Dilatan juicio con chicanas
La acusación se presentó el 19 de junio del 2017 y el 7 de diciembre del mismo año se dispuso que los antidrogas sean juzgados en juicio oral y público, pero la audiencia no se pudo hacer hasta ahora a causa de las reiteradas chicanas de la defensa, sumadas a la excesiva demora en la resolución de las mismas, en instancias superiores.
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El colegiado incluso se vio obligado a sancionar a algunos acusados y a sus abogados defensores, a causa de los recursos dilatorios planteados.
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Agentes dispararon a matar
Los antecedentes del caso se remontan hasta la tarde del sábado 18 de junio del 2016, cuando lo que empezó como un apacible paseo familiar de los Zanotti Cavazzoni se convirtió en tragedia, debido a la abrupta intervención de los agentes de la Senad.
Tras verificar los cultivos en la granja “Manuelita”, ubicada en la compañía Itá Ybate’í de Nueva Italia alquilada por don Ulrico Zanotti Cavazzoni para proveer de azúcar a la azucarera La Felsina (de la que es accionista), el empresario decidió retirarse en horas de la tarde.
Eran aproximadamente las 16:30 cuando la familia se retiraba del establecimiento al mando de la camioneta de la azucarera, una Nissan Frontier, año 2015, conducida por don Ulrico. Lo acompañaban en la ocasión su esposa Ana Franco, su hijo Alessandro Zanotti Cavazzoni y su nieta Vivian Paredes Zanotti, de 3 años, por el camino de tierra que conduce a la ruta.
“Ellos ya estaban saliendo, cuando en el camino de tierra que da a la ruta asfaltada, ven ingresar dos camionetas negras sin chapa, a toda bala, con personas desconocidas que sacaron armas de grueso calibre por la ventana. Él pensó que era un intento de asalto, giró como para volver a la granja, y esa gente empezó a disparar desde ambas camionetas. Ellos dispararon a matar, habrán realizado más de 100 disparos, con armas de grueso calibre y también pistola”, resaltó el abogado de la familia, Gilberto Penayo.
En su desesperación por esquivar el brutal ataque, don Ulrico intentó maniobrar pero la camioneta se quedó atascada en la tierra. Este fue el momento aprovechado por los desconocidos para bajar de sus vehículos y dirigirse hacia la camioneta de la familia.
Ante esta circunstancia y al desconocer por completo la intención de los atacantes, don Ulrico le dijo a su hijo que corra y se esconda entre los cultivos. El empresario y su esposa se salvaron de milagro.
“Cuando quedó trancada la camioneta y vinieron los agentes, Ulrico se identificó y preguntó qué pasaba. Ahí recién ellos se dieron cuenta de su error y dijeron: ‘Paren, paren’. A partir de ese momento se dispusieron a asistir a la niña, que recibió un disparo en la cabeza y se fueron a buscar a Alesandro de la plantación -él recibió tres disparos- y los llevaron al hospital”, relató Penayo.
La niña Vivian falleció al día siguiente. Alessandro conserva en su cuerpo hasta hoy uno de los proyectiles que recibió, a la altura de la costilla, debido a que los médicos no recomiendan sacarlo porque es muy profundo y puede tener consecuencias negativas. También tiene secuelas permanentes por la agresión sufrida, que le limitan la actividad física, relató Penayo.
El letrado lamentó que el Ministerio Público no haya imputado siquiera al fiscal Carlos Alcaraz, que estuvo a cargo del procedimiento, al que cuestionan no solamente por la desgracia ocurrida, sino también por su falta de predisposición para el esclarecimiento del hecho, luego de la tragedia.
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“La orden judicial dice que el allanamiento se tenía que hacer bajo su dirección, él era el encargado. Además, luego de todo lo que pasó, él debió labrar acta de lo ocurrido, pero no lo hizo. Él no hizo nada y permitió que se llevaran evidencias del lugar del hecho”, resaltó el abogado querellante.