En el marco del juicio oral y público que afronta el exsenador cartista Hernán Rivas por supuesta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, la exsenadora Kattya González prestó declaración testimonial en la que no solo ratificó que el título de abogado del acusado es falso, sino que vinculó directamente su propia destitución parlamentaria con el costo político de haber investigado este caso.
Ante el tribunal, la exlegisladora aseguró que, tras un análisis riguroso de los antecedentes, llegó a la firme convicción de que “el título de abogado del señor Hernán Rivas es falso”.
González aclaró que su postura responde estrictamente al cumplimiento del deber ciudadano y la legalidad. “Ningún interés, más allá de que se haga justicia. No tengo nada en su contra y tampoco lo conocía hasta el año 2020, cuando ingresó a la Cámara de Diputados”, expresó.
En un tramo crucial de su testimonio, González expuso las repercusiones personales e institucionales que debió afrontar por poner en la mira al entonces senador. Con firmeza, sentenció: “Yo perdí mi banca por este caso. Siempre me decían que tenía que bajar un cambio y la denuncia contra el señor Hernán Rivas significó mi pérdida de investidura”.
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La exparlamentaria profundizó sobre las presiones que recibió para frenar sus investigaciones sobre el legislador cartista, advirtiendo que el trasfondo institucional iba mucho más allá de una falsificación documental aislada.
Nombramiento resistido y sin sustento académico
Recordando los antecedentes, González señaló que Rivas fue designado inicialmente como representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a instancias de la bancada de Honor Colorado, reemplazando a Ramón Romero Roa.
Según precisó, la moción fue impulsada por el diputado Hugo Ramírez y secundada por Derlis Maidana, Basilio Núñez y el actual presidente del Congreso, Raúl Latorre.
Ante esta designación, un sector minoritario exigió explicaciones sobre su formación: “Solicitamos explicaciones acerca de su formación académica, acerca del currículum del señor Rivas, para merecer tan alto honor de representar a la Cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.
Sin embargo, aseguró que las respuestas fueron vagas y no hubo una explicación de si él ejerció o no la profesión o si tenía esa destreza técnica que requiere nuestra propia Carta Magna.
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Asimismo, recordó que el día de su elección, el 3 de junio de 2020, la situación documental era irregular: “Rivas jura sin tener su título registrado. Jura sin tener su registro de abogado, lo cual se realiza posterior a su elección”.
Incongruencias universitarias y esquema de poder
La controversia escaló en 2023, cuando Rivas ingresó a la Cámara de Senadores y volvió a ser propuesto para integrar el JEM, lo que motivó que González y el diputado Raúl Benítez iniciaran una revisión exhaustiva de sus antecedentes en la Universidad Sudamericana.
Durante la auditoría legislativa detectaron anomalías estructurales: “Se encontraron incongruencias en cuanto a fechas, no lograron obtener la nómina de profesores, la nómina de funcionarios de la Universidad Sudamericana y las sedes eran contradictorias”.
Para la exparlamentaria, la carrera de Rivas responde a una estructura de cooptación: “Rivas es parte de un esquema que se sostiene a partir de la protección política. No es un genio que llega a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por sus capacidades o habilidades. Llegó ahí con la protección de un grupo político”, aseveró.
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Finalmente, González concluyó que el respaldo sostenido del oficialismo obedeció a una estrategia de control sobre la Justicia: “Hubo un engaño recurrente. El oficialismo lo defendió durante seis años para que Rivas a toda costa sea presidente del JEM. Por eso hablo de un esquema de protección que tiene por objetivo apretar jueces y fiscales y torcer la Justicia”.
