Caso de Yolanda Park y otros comunicadores se resolverá el lunes 4 de octubre

Los periodistas Yolanda Park, Jorge “Chipi” Vera y Carlos Troche se presentaron este jueves ante la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz en su audiencia preliminar por el caso de impresión de facturas falsas. También es procesada en dicha causa Cristina Margarita Benza.

Los procesados no dieron declaraciones a la prensa y comparecieron ante la jueza que debe decidir si otorga o no el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público, pero esta dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 4 de octubre para resolver la situación de los periodistas.

Otras 12 audiencias se deben realizar hoy en el juzgado en el marco de la misma causa.

“Al inició de la investigación estas personas asumieron el hecho, realizaron el pago de sus impuestos a la Secretaría de Estado de Tributación de forma íntegra y ofrecieron reparar el daño ocasionado, por eso solicitamos el criterio de oportunidad para los tres”, puntualizó el fiscal Juan Manuel Ledesma.

Los comunicadores alegan haber sido engañados por quienes llevaban sus procesos contables y pagaron millonarias multas. Yolanda Park presentó facturas falsas por G. 929.412.550; su pareja Jorge “Chipi” Vera por G. 82.745.456 y Carlos Troche por G. 28.090.909. Este último pagó una multa por G. 8.147.000.

La jueza elevó a juicio oral la causa contra el propietario de la imprenta clandestina que supuestamente imprimió mas de 14.000 facturas falsificadas, entre las que se encuentran las distribuidas a estos comunicadores.

El próximo lunes la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz resolverá si hace lugar al pedido de la fiscalía y aplica el criterio de oportunidad para los periodistas implicados en la causa. Si es así, establecerá el monto que pagará cada uno en concepto de reparación del daño ocasionado, y las instituciones que serán beneficiadas.

Lea: US$ 10 millones cobrados y 900 procesados en caso de evasión que salpica a periodistas

Park, Vera y Troche son algunos de los más de 900 procesados por evasión de impuestos, tras el allanamiento a una empresa contable que tuvo lugar el 26 de agosto del año pasado, denominada GSM SA, que supuestamente ofrecía a sus clientes facturas falsificadas para justificar gastos.