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El 9 de diciembre de 2019, el fiscal adjunto de la Unidad Antidrogas, Marco Antonio Alcaraz, presentó la inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Apelación, Primera Sala, que revocó la decisión de la jueza Alicia Pedrozo, quien amplió el plazo para que la fiscalía presente las pruebas que acompañan la acusación contra “Cucho”, Quintana y varios otros encausados.
La Sala Constitucional suspendió los efectos de la decisión del Tribunal de Apelación, pero un año y nueve meses después, no resuelve la acción de la Fiscalía. Se habla de que existe injerencia política en el caso que salpica al diputado Ulises Quintana, quien busca ser intendente de Ciudad del Este, con respaldo de Honor Colorado que lidera el expresidente, Horacio Cartes.
La decisión de la Corte es fundamental para que el proceso siga su curso. Si los ministros declaran inconstitucional el fallo de la Cámara, se allana el camino para que se realice la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si Quintana y los demás acusados afrontan o no juicio oral en el proceso por narcotráfico.
La Sala Constitucional había quedado integrada por César Diesel, Alberto Martínez Simón y César Garay.
Ahora se está notificando a las partes la integración de Sala por Martínez Simón. Es para que los acusados tengan la oportunidad de recusarle al ministro si hay causal.
Impulso Procesal
En la Corte afirman que el impulso procesal es a instancia de parte. Es decir, que la fiscalía que promovió la acción es la que tiene que acelerar las notificaciones a las numerosas personas procesadas en la causa, para que la integración de Martínez Simón pueda quedar firme.
Ni Martínez Simón, ni Garay son de la Sala Constitucional, por lo que la misma fue conformada, lo que lleva su tiempo, explicaron.
La fiscalía sostiene que Quintana intervino para la liberación de US$ 184.000, previo pago de 6.000 dólares a policías, para que liberen Diego Medina Otazú, secretario de “Cucho”, que transportaba US$ 190.000 dólares el 28 de agosto de 2018. Diego venía de Ciudad del Este con destino a Asunción, según la acusación fiscal.
La conducta de Ulises se subsume en el artículo 42 de la ley 1430/88 (asociación criminal y 196 (lavado de dinero) del Código Penal.