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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, explicó que encontraron inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por el magistrado Ovelar y su esposa, la fiscala Marlene González.
Refirió que el procedimiento aplicado en este y cualquier otro caso, es que el órgano contralor les corra traslado a los afectados. “Puede ser que con la respuesta levanten o no las inconsistencias. Estamos en esa etapa. No puedo hablar sobre el fondo de la cuestión, porque eso se va a dar en el informe final”, dijo el funcionario.
El estudio de correspondencia de bienes del matrimonio fue ordenado por el contralor general Camilo Benítez, luego de publicaciones en las que se destacaban que Ovelar y su esposa tuvieron un llamativo incremento patrimonial. Las diferentes declaraciones juradas fueron evidenciando cómo la pareja fue incrementando sus bienes.
La primera declaración jurada fue presentada por Ovelar en 1995. Dijo tener un inmueble ubicado en el distrito de Santísima Trinidad de la capital, tasado en G. 100 millones; y otro lote ubicado en Villeta, valorado en G. 20 millones.
Declaró un Peugeot 504 modelo 1994, valuado en aquel entonces en G. 16 millones y una caja de ahorro de G. 6 millones.
Su patrimonio neto alcanzó unos G. 142 millones.
Para el 2013, su patrimonio había superado los G. 1.679 millones.
Ovelar ya desplazaba en una camioneta Toyota 0 km año 2012, tasada, según él, en G. 200 millones.
La propiedad en Santísima Trinidad estaba valuada en G. 900 millones.
El juez ya declaró una casa en San Bernardino, por valor de G. 195 millones.
Su patrimonio creció casi 1.400%.
En su última declaración el juez declaró un patrimonio neto de G. 2.118 millones. La propiedad de Santísima Trinidad estaba tasada en G. 1.300 millones, con construcciones cerca de G. 500 millones.
La casa en San Bernardino ya alcanzaba los G. 500 millones; de los cuales, G. 400 millones correspondían a construcciones.
Ovelar volvió a cambiar su camioneta y en esta ocasión optó por una Toyota Fortuner 2018 con un valor de G. 280 millones.
Registró una deuda de solo G. 22 millones y no hizo constar cuenta bancaria alguna, ni siquiera la que debería utilizar para percibir su remuneración como magistrado. Tampoco declaró pago de impuestos como el IRP.
Su esposa
La fiscala Marlene González también experimentó crecimiento patrimonial.
Su primera declaración jurada presentó en 1999, como jefa del departamento jurídico del extinto Banco Nacional de la Vivienda-Conavi.
Sus activos alcanzaban G. 450 millones. Hizo figurar la propiedad conjunta con su marido en Santísima Trinidad, tasada ya entonces en G. 370 millones.
Además, aparecían dos vehículos por un total de G. 45 millones, uno de los cuales había sido adquirido gracias a un préstamo de G. 34 millones.
Para 2015 –fecha de la que data la última declaración jurada de González publicada por la Contraloría General de la República–, la situación patrimonial era diferente. Para ese entonces, la agente fiscal declaró un patrimonio neto de más de G. 3.104 millones.
La casa en Santísima Trinidad costaba ya G. 2.000 millones; cinco año más tarde, su marido declararía un valor inferior; mientras que la de San Bernardino ya estaba por G. 410 millones.
González dijo tener joyas por G. 60 millones y obras de arte por un total de G. 100 millones.
Fiscalía maneja con hermetismo la denuncia contra magistrado
El 15 de marzo pasado, el ciudadano Hugo Sánchez había denunciado ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) al juez penal de sentencias Elio Rubén Ovelar, quien no podría justificar el origen de su patrimonio. Es por ello que se habla de un presunto enriquecimiento ilícito, que está en una ley especial.
Sánchez sustentó su denuncia en la publicación del diario ABC Color del 2 de febrero de 2021, firmado por el periodista Juan Carlos Lezcano cuya nota fue titulada “Juez aplazado, con millonario incremento”, en la que da cuenta que el juez penal de sentencia Elio Rubén Ovelar ha incrementado su patrimonio en un 1.400 por ciento.
La Unidad de Delitos Económicos a cargo de Soledad Machuca no informó si se dispuso o no la apertura de una investigación penal o en su defecto que decisión se tomó. Si se requirió o no informe a la Contraloría General de la República.
No informa
Machuca se caracteriza por no hablar con la prensa, ni siquiera con los ciudadanos organizados, ignorando así su obligación constitucional y legal, ya que la ley orgánica del Ministerio Público le obliga a informar objetivamente sobre los casos a los medios de comunicación.
La fiscala general Sandra Quiñónez, ante la negativa de Machuca de reunirse con las organizaciones civiles, había designado a los fiscales Osmar Legal y Luis Piñánez, para coordinar las tareas con los ciudadanos organizados, así como también establece la ley orgánica del Ministerio Público.