Cuatro jóvenes irán a juicio oral por la quema de Colorado Róga

El juez de Garantías Raúl Florentín elevó a juicio oral y público la causa de la quema de Colorado Róga respecto a cuatro de los cinco procesados por el Ministerio Público. El magistrado rechazó los recursos planteados por la defensa de los acusados.

Los procesados por la quema de Colorado Róga, durante la audiencia preliminar de este martes, ante el juez Raúl Florentín.
Los procesados por la quema de Colorado Róga, durante la audiencia preliminar de este martes, ante el juez Raúl Florentín.

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Arnaldo Francisco Martínez, Luis Manuel Trinidad Ruiz Díaz, Pedro Manuel Areco Rivas y Enrique Agüero Escobar irán a juicio oral y público tras lo resuelto por el juez Raúl Florentín durante la audiencia preliminar de este martes.

La defensa de los cuatro procesados planteó la nulidad de la acusación y la exclusión de pruebas, pero el magistrado rechazó ambos recursos.

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Queda pendiente la decisión del Juzgado respecto a la también procesada Vivian Genes. Ayer, asumió su defensa el abogado Guillermo Ferreiro y solicitó al juez Florentín la suspensión de la audiencia relacionada a la joven.

Estos fueron imputados por producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas o medios públicos de trabajo tras la quema de la sede Colorado Róga, durante las manifestaciones contra el Gobierno del pasado 17 de marzo.

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Argumentos del juez

El juez de Garantías Raúl Florentín explicó que no hizo lugar a los pedidos de suspensión condicional del procedimiento y de forma subsidiaria el procedimiento abreviado, porque la expectativa de pena de los hechos punibles acusados va desde 6 meses hasta 7 años y medio de pena privativa de libertad.

Agregó que resolvió elevar la causa a juicio oral por tres de los cuatro delitos acusados por el Ministerio Público; producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública y daños a cosas de interés común.

En cuanto al hecho punible de daño a obras construidas y medios técnicos de trabajo, por el que también fueron acusados los cuatro procesados, Florentin decidió absolver a los encausados debido a la poca claridad del relato que hizo la fiscalía en su requerimiento conclusivo.

“Los acusados admitieron el hecho, pero no hubo un ofrecimiento serio por parte de la defensa para la reparación del daño ocasionado. En esas condiciones no se dan los presupuestos para hacer lugar a la suspensión condicional del procedimiento ni el procedimiento abreviado”, puntualizó el magistrado.

Por otro lado el juez de Garantías resolvió levantar el arresto domiciliario que estaban cumpliendo los cuatro acusados y ordenó la libertad ambulatoria de los mismos. Las únicas medidas impuestas para garantizar el sometimiento al proceso son las de no cambiar de domicilio, prohibición de salir del país y comparecencia mensual ante el Juzgado para firmar el libro de actas judiciales.

Fiscalía rechazó salida procesal

El Ministerio Público, representado por el fiscal Lorenzo Lezcano, decidió no allanarse al pedido de la defensa de los procesados de buscar una salida procesal y se ratificó en la acusación, por lo que solicitó juicio oral. “Había un concurso de hechos y, en ese sentido, los presupuestos establecidos en el artículo 21, que es el de suspensión condicional, y el 420 no se daban”, sostuvo.

La abogada Liliana Boccia, a cargo de la defensa de Trinidad Ruiz Díaz y Areco Rivas, refirió que se daban las condiciones para una salida procesal y agregó que los fiscales no se allanaron al pedido porque ya tienen “un libreto que seguir”. “Bien podría haber cabido una salida procesal, pero evidentemente acá está cantada la orden; nos vamos a ir a juicio oral y vamos a pelear ahí”, declaró.

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Incluso, dudó de que se lleve a cabo un juicio oral imparcial. “No tengo ninguna esperanza en juicio oral. No es que quiera sacarle esperanzas a mis defendidos, pero son juicios políticos y evidentemente hay un libreto que seguir y ellos (fiscales) están haciendo eso”, agregó.

Aclaró, además, que la decisión del juez es inapelable, pero indicó que se podría atacar los incidentes planteados durante la audiencia preliminar, que fueron rechazados este martes por el Juzgado.

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Persecución a manifestantes

Pedro Areco, uno de los procesados, refirió que la elevación de juicio oral representa una persecución hacia las manifestaciones por parte del Poder Judicial, que -según indicó- están en manos de poderes fácticos.

“Ellos quieren criminalizar a los ciudadanos que protestan, aquellos que levantan la voz. (...) Definitivamente nuestro país es insostenible. El Poder Judicial está en manos de poderes fácticos”, subrayó.

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