El desahucio se ejecutó en el marco de un juicio promovido por María Raquel Dirks Díaz contra el ciudadano brasileño Adair Rabaioli Krutman, quien reside en la colonia Repatriación, distrito de Mayor Otaño, distante unos 20 kilómetros del lugar de los hechos.
El caso ocurrió en un predio de 102 hectáreas, individualizado como finca H23/1022, distrito de Mayor Otaño.
De acuerdo a los datos que pudimos recoger entre los afectados, la colonia se instaló alrededor del año 2012, en un predio previamente loteado por el funcionario del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Natalicio Talavera, quien se desempeñaba como jefe del área de Desarrollo Rural de la institución estatal.
El predio tiene un plano de loteamiento aprobado por el jefe regional del Indert en Itapúa por ese entonces, Marcial González, y es el elemento en el cual se fundan los campesinos para afirmar que es una colonia legal, y no una invasión.
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Víctimas
Los campesinos designaron un representante legal para que investigue el hecho, mientras aguardan en precarias condiciones a la vera del camino, frente al inmueble donde vivieron los últimos ocho años, y tenían sus casas y cultivos ahora destruidos con máquinas agrícolas.
El abogado patrocinante, Edgardo Barrios, dijo que en principio están ante un posible caso de “nulidad de acto jurídico”, porque estas familias nunca fueron parte en el proceso y no tuvieron la oportunidad de la defensa.
El juicio fue promovido por María Raquel Dirks Díaz contra Adair Rabaioli Krutman, un ciudadano brasileño que no vive en el lugar, sino a 20 kilómetros, y la orden de desalojo vino para la compañía Yacui, que no es el lugar donde está ubicada la finca en cuestión, dijo el letrado.
Asimismo, señaló que no descartan una acción contra el Indert, atendiendo el hecho de que la colonia San Miguel del Norte se formalizó en un loteamiento ejecutado por funcionarios del Indert. Estos campesinos fueron víctimas, o del Indert, o de esta ciudadana que promovió un juicio de desalojo contra Adair Rabaili, que derivó en el desalojo de la colonia, afirmó.
Por su parte, el jefe regional del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ricardo Martínez, afirma que existe una gran confusión en este tema, y que en rigor, el plano que supuestamente fue aprobado por el jefe regional del Indert, Marcial González, carece de validez, pues el mismo debe contar con la aprobación del Consejo de Administración de la entidad, y no solamente del jefe regional.
Ese plano posiblemente fue aprobado en una propiedad privada, y esa es una responsabilidad del agente que tuvo a su cargo el procedimiento, señaló.
Martínez sostuvo que esta administración no tiene responsabilidad en algún error o cualquier otra acción que hayan cometido funcionarios que anteriormente se desempeñaron en los diferentes cargos.
El funcionario no descartó que ese supuesto loteamiento se haya realizado en un lugar equivocado, en cuyo caso esas familias serían víctimas de una estafa. En los registros de la institución, San Miguel del Norte no figura como colonia, sostuvo.