Setiembre de 2015. Estudiantes de las universidades públicas más importantes iniciaron un proceso revolucionario de denuncias sobre posibles hechos de corrupción. Todo comenzó con la Universidad Nacional de Asunción (UNA), luego de que publicaciones periodísticas revelaran pagos irregulares al entorno del entonces rector, el colorado Froilán Peralta.

Desde el campus de la UNA en San Lorenzo, la denominada “primavera estudiantil” tuvo un efecto expansivo que llegó a las universidades públicas del interior del país. Una de ellas fue la Universidad Nacional de Pilar (UNP), considerada feudo del senador liberal Víctor Ríos, rector con permiso de la casa de estudios desde abril de 2020 y cuyo nombre suena como posible nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia.

En 2014, luego de una serie de denuncias en la que estudiantes, docentes y pobladores de la zona hablaban de irregularidades, cobros indebidos y dinero que supuestamente nunca llegaba a las facultades, la CGR abrió una serie de auditorías a la UNP.

Si bien Ríos insistió en ese entonces que tanto las auditorías de la CGR como la intervención del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) se debieron más bien a cuestiones políticas y no se encontraron irregularidades, los informes finales presentados por el organismo de control revelan que en realidad entre 2012 y 2013 existió una serie de graves anomalías.

Publicaciones de ABC Color de 2015 revelaban que salarios percibidos por docentes que no asistieron prácticamente a una sola clase durante el tiempo que cobraron, remuneraciones a docentes investigadores que no presentaron un solo trabajo de investigación y haberes para operadores políticos que figuraban como profesores son tan solo algunas de las muchas irregularidades detectadas en la UNP y en las que se vieron involucradas altas autoridades de la casa de estudio.

Planillerismo de Ríos

Durante el ejercicio 2012, el entonces diputado liberal Víctor Ríos no solo ocupó el cargo de rector en la UNP, sino que también ocupó cargo de docente investigador y docente en varias asignaturas de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; y Ciencias Contables, Administrativas y Económicas.

Estas múltiples asignaciones valieron para que el político liberal percibiera ese año un total de G. 357.355.338, una suma que podría haber sido mayor de no ser por el hecho de que Ríos cobró solo seis meses de su sueldo como rector ya que se encontraba de permiso para poder ocupar el cargo de ministro de Educación y Cultura.

El informe final de la CGR, reveló que Ríos no solo cobró por impartir clases a las que no asistió sino que violó la propia normativa de la casa de estudios.

De 26, solo fue a dos

Ríos era titular de la asignatura Quiebra, correspondiente al cuarto curso de la carrera Auditoría y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Contables. En el segundo cuatrimestre de 2012, esa materia tuvo un total de 26 clases. Solo en dos oportunidades las planillas no fueron firmadas por la auxiliar.

Es decir, Ríos no asistió al 92% de las clases asignadas para ese cuatrimestre. Aún así, de acuerdo a documentos de la UNP y al informe final de la CGR, percibió la totalidad de su sueldo de ese periodo.

Ausente en la totalidad de las clases

Entre julio y octubre de 2012, Ríos fue titular de varias materias en la carrera de Derecho.

Una de las cátedras que figuraba bajo la responsabilidad de Ríos era Derecho Penal I, correspondiente al segundo curso de la carrera. Del total de 26 clases que se desarrollaron en el señalado periodo, ni una sola de las planillas presenta firma del político liberal y en dos oportunidades ni siquiera fueron firmadas por el auxiliar de la materia.

De acuerdo a los registros académicos, Ríos no asistió y por lo tanto no impartió clases durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre de 2012.

Además, la CGR había solicitado informes sobre la materia Derecho Penal II, en la que Ríos también era titular; sin embargo, la UNP no respondió a los reiterados pedidos enviados por el organismo de control.

Por las tres materias que estaban a su cargo entre julio y octubre de 2012, Ríos percibió un total de G. 38.212.020. En al menos dos de ellas, cobró sin haber asistido a clases.

Contra la propia normativa de la UNP

Además, el mismísimo rector de la UNP violó las normativas de la casa de estudios al cobrar como docente de tres asignaturas de la carrera de Derecho durante un mismo periodo de tiempo, algo prohibido por los estatutos.

Investigaciones que no aparecían

De acuerdo a lo que consta en una auditoría realizada por la CGR, al menos 30 personas percibían remuneraciones dentro de la UNP como docentes investigadores. Sin embargo, según una serie de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, se desconocían los resultados de los trabajos que habían realizado estos “investigadores”.

En particular, las denuncias hacían referencia a 14 de estas personas entre las que figuraban varios ocupantes de cargos importantes dentro de la casa de estudios. Fue por ello que la Contraloría solicitó que la casa de estudios remitiera informes sobre avances de los trabajos.

En al menos 13 de los 34 proyectos a los que estuvieron vinculadas las personas denunciadas, la UNP no dio respuesta alguna sobre los avances de las investigaciones o las publicaciones que resultaron de las mismas.

En algunos casos, las remuneraciones de quienes figuraban como investigadores alcanzaban el nada despreciable monto de G. 110.880.000 anuales.

Víctor Ríos Ojeda, no solo tenía sueldos como máxima autoridad de la casa de estudios y como docente en varias materias –algunas de las cuales nunca asistió–, sino que también tuvo tres asignaciones en un mismo año como investigador, todas ellas de G. 9.240.000 mensuales.

Ni inicio ni culminación

Un denominador común en los documentos presentados por la UNP sobre las investigaciones realizadas en la casa de estudios era que ninguna contaba con fecha de inicio ni culminación, por lo que se desconocía si los proyectos habían iniciado o finalizado ese año.

Es decir, no se podía determinar si el cobro correspondía por trabajos realizados en ese período o si simplemente fueron asignados a los “investigadores”.

A pesar de que la Contraloría emitió sendos informes sobre las irregularidades detectadas en la UNP, el Ministerio Público no realizó siquiera una sola imputación en el marco de la investigación que había sido abierta ya en 2014.

Varios alumnos y docentes también incluso denunciaron persecuciones y represalias en su contra por haber colaborado para sacar a la luz los hechos de corrupción.

Intentó frenar intervención

En junio de 2019, ante su inminente expulsión del Senado, el exsenador Dionisio Amarilla acusó a su correligionario y entonces colega Víctor Ríos de haber intentado utilizar sus influencias para frenar la intervención realizada a la UNP.

Ríos reconoció que conversó con todos los que tenían que tomar la decisión. “Yo le pedí a todo el mundo que no se intervenga por que era persecución política. Hablé con todos los rectores”, dijo en ese entonces el legislador.

“Pagué a asistente”, se defiende

Consultado por las denuncias, el senador Víctor Ríos reconoció en el programa Periodísticamente de Radio ABC Cardinal 730 AM que efectivamente habían existido. Sin embargo, trató de minimizarlas.

“Se demostró, cuando hicimos el descargo, que yo no brindaba las clases pero tenía una persona que hacía de asistente y era la que brindaba las clases. Es una cosa común en las universidades que si el titular no puede dictar las clases las dé el asistente, el auxiliar; con la diferencia de que en el caso de la Universidad Nacional de Pilar el profesor titular paga a su auxiliar”, manifestó.