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Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga. acusados por el Ministerio Público en la causa de la compra irregular de agua tónica en Petropar, fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento.
El juez Julián López hizo lugar al pedido planteado por las defensas de los cuatro acusados y otorgó la salida procesal a estos. Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz se allanaron a la propuesta, teniendo en cuenta que los mismos que los mismos fueron procesados como cómplices y la expectativa de pena no es elevada.
Como reparación del daño ocasionado los imputados donarán una ambulancia equipada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del distrito de San Roque González de Santacruz, departamento de Paraguarí. El móvil sanitario debe ser entregado en un lapso máximo de 15 días.
Además el juez de Garantías les impuso varias reglas de conducta que deben cumplir por el plazo de dos años: comparecer ante el Juzgado de Ejecución Penal cada 3 meses, tienen prohibido salir del país y cambiar de domicilio sin dar aviso al Juzgado, y están obligados a comunicar cualquier cambio de dato que sea relevante para el Juzgado.
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Samudio, intimada a nombrar nuevos abogados
Esta mañana se suspendió una vez más la audiencia preliminar de la expresidenta de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados como autores de supuesta lesión de confianza en la compra sobrefacturada de agua tónica.
La suspensión de la diligencia se dio por la renuncia de los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, presentada en las últimas horas del miércoles.
La ex titular de Petropar y su esposo comparecieron ante el juez Julián López, pero sin abogados. En consecuencia el magistrado los intimó por 72 horas para designar nuevos defensores, caso contrario se les asignará defensores público y el Juzgado de Garantías fijará nueva fecha para la audiencia preliminar.
La acusación
El Ministerio Público sostiene que bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000. Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal.
La defensa solicitó la extinción de la causa argumentando que el monto del perjuicio que sufrió el Estado ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic S.A. pero los fiscales alegaron que la devolución del dinero fue posterior al delito que cometieron los acusados.
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