Diputados quieren seguir ocultando sus declaraciones juradas de bienes

Un grupo de diputados estaría buscando que las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios públicos sigan como secreto para la ciudadanía. Un proyecto de ley busca que los documentos se publiquen automáticamente, pero se gesta plan para frenar acceso a esa información.

En la Cámara de Diputados se gesta un plan para seguir ocultando las declaraciones juradas.
En la Cámara de Diputados se gesta un plan para seguir ocultando las declaraciones juradas.GENTILEZA

La Cámara de Diputados debía analizar la semana pasada el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley 5033/13 sobre la reglamentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas (DD.JJ.).

La modificación había sido planteada por la mismísima Contraloría General de la República (CGR), que sugirió una serie de cambios alegando que la ley 6355, que modificó la 5033, introdujo figuras que colisionan con la interpretación constitucional brindada por la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, la ley establece que cualquier ciudadano que quiera acceder a los documentos debe tener una sentencia judicial para ello. La Contraloría propuso eliminar esa traba y liberar el acceso no solo de las DD.JJ., sino también de documentos ligados a las mismas, como los dictámenes de correspondencia e información de la presentación realizada.

Sin embargo, diputados que responden al movimiento Honor Colorado, encabezado por el expresidente Horacio Cartes, no solo estarían buscando que los documentos sigan siendo secretos, sino permitir la rectificación de los mismos. Algo que beneficiaría al expresidente y a varios de los legisladores.

Eliminar a proveedor

La Contraloría, en su exposición de motivos menciona que la Ley 5033/13 y su modificatoria, la Ley N° 6355/19, en su artículo 1°, incluye además a los funcionarios y empleados públicos, a las personas físicas y jurídicas, concesionarias del Estado; los accionistas, directores, socios, gerentes, que sean contratistas o concesionarias del Estado; y las autoridades, socios fundadores y demás personas jurídicas que reciban remuneración del Estado.

El órgano considera esencial mantener el límite establecido por la Constitución Nacional en cuanto a los sujetos obligados y que son expresamente designados en el Art. 104 de la Constitución Nacional.

Es decir, se volvería a limitar la obligación solo a los funcionarios.

Liberar los documentos

Además, una de las modificaciones más importantes era el establecimiento como deber y atribución la publicación en los medios digitales de toda información que se refiera a las declaraciones juradas (presentación, examen de correspondencia). También podrá dictaminar y publicar exámenes de correspondencia.

Se plantea igualmente la obligación de que las instituciones públicas permitan el acceso directo de la Contraloría a los datos en su poder, para acelerar los procesos de examen de correspondencia; así como la implementación de inteligencia artificial para el efecto.

La ley 6355, impulsada por Honor Colorado y Colorado Añetete, puso más trabas al acceso a la información de estos documentos. Justo antes de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la publicación de las declaraciones juradas, los diputados establecieron como requerimiento la necesidad de contar con una orden judicial para acceder a los documentos.

Esto colisiona, según la Contraloría, con la interpretación constitucional de la máxima instancia judicial y con las leyes de transparencia y acceso a la información pública.

Quieren cercenar

Versiones a las que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que existe nuevamente la intención de cercenar la modificación de la Ley 5033. Curiosamente, fue el cartismo el que impulsó el tratamiento apurado del proyecto de ley. En particular, el diputado Basilio “Bachi” Núñez. Su correligionario, Derlis Maidana, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, es uno de los que pretende meter mano en el proyecto de ley.

La intención cartista sería aprobar con modificaciones el plan, cambios que no solo harían obsoleta la nueva legislación, sino que permitirían establecer impunidad para otros casos.

Adiós a la publicidad

Uno de los puntos que el cartismo estaría buscando modificar es el de la publicidad de las declaraciones juradas y de los documentos ligados a las mismas, como los dictámenes de correspondencia. Fue el mismo cartismo, a través de Maidana y Núñez, el que había eliminado esa posibilidad cuando se estudió la ley 6355 y se terminó imponiendo la traba de la necesidad de sentencia judicial para cada caso.

Ahora estarían buscando nuevamente eliminar la posibilidad de que la ciudadanía acceda libremente a los documentos.

Fueron los diputados cartistas los que presentaron un escrito a través del cual intentaron frenar la sesión en la que la Corte Suprema de Justicia entendió que la publicación de los datos era constitucional.

Rectificación

Otro de los puntos que buscan establecer los legisladores es la posibilidad de que los funcionarios puedan rectificar sus manifestaciones de bienes sin que ello signifique la posibilidad de ser procesados por declaración jurada falsa.

Este punto ocurre después de que la filtración conocida como “Pandora Papers” haya revelado que el expresidente Cartes tenía una empresa de maletín en Panamá que no declaró ante la Contraloría, sino hasta este año.

“Bachi”, uno de los que rectificó

El diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez, uno de los que impulsa la posibilidad de que los funcionarios públicos rectifiquen sus declaraciones juradas sin ser sancionados, fue también uno de los legisladores que rectificó varias veces sus propias manifestaciones de bienes antes de que la Corte Suprema de Justicia ordene la liberación de los documentos.

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