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Tras ser ratificado en la causa el lunes por los camaristas Juan Carlos Olmedo, María Elena Cañete y Christian Bernal, integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, el juez en lo penal Christian González convocó por 32ª vez la audiencia preliminar de la causa que investiga la millonaria “tragada” en la Gobernación de Presidente Hayes.
Los acusados en la causa son el exgobernador y exdiputado cartista Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires, su esposa Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, Raúl Ernesto Delgado, Edulfo Antonio Verón Recalde y Marlene Altemburger Da Silva.
La última vez que se intentó llevar a cabo la audiencia preliminar fue este lunes 15 de noviembre, pero se suspendió a causa de la recusación que planteó Rousillón y su esposa en contra del juez Christian González.
Blas Velázquez Tillería, el abogado patrocinante de la recusación, explicó en el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV, que el 10 de agosto pasado el juez González echó de la sala de audiencias a la acusada Nancy Núñez de Rousillón al enterarse que la misma lo había recusado. “Después preguntó quien era su abogado y también me expulsó a mí, dejando en total estado de indefención a mi cliente Rubén Rousillón” cuestionó el letrado.
Piden sanción para chicaneros
Alipio Román y Asunción Peralta, integrantes de la organización “Somos Anticorrupción Paraguay”, cuestionaron a la máxima instancia judicial por no sancionar a los acusados y sus abogados, como indica la ley, debido a las innumerables chicanas.
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“Sentimos que esta causa va camino al oparei porque el exgobernador Núñez y los demás acusados hacen lo que quieren y no hay una sola sanción. Esto es un circo entre las partes, donde las víctimas somos nosotros, los pobladores de Presidente Hayes”, expresó Román.
Proceso inició en el 2014
En 2012, la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013, el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
El entonces fiscal Martín Cabrera abrió la investigación y en el 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, además de otros presuntos implicados en el caso.
En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años y seis meses aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
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La primera acusación que presentó el Ministerio Público en contra de Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación de Presidente Hayes.