Canciller pide rechazar el proyecto

El canciller nacional Euclides Acevedo envió a finales de mayo pasado una extensa y detallada carta a la senadora Lilian Samaniego (ANR, abdista), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores (RR.EE.) del Senado, en la cual expone los argumentos de la Cancillería para el rechazo del proyecto de ley que busca derogar la ley 1335/99 “Del Servicio y Diplomático y Consular”.

El canciller nacional, Euclides Acevedo, pidió el rechazo del proyecto de ley que busca derogar la Ley N° 1335/99 "Del Servicio Diplomático y Consular",
El canciller nacional, Euclides Acevedo, pidió el rechazo del proyecto de ley que busca derogar la Ley N° 1335/99 "Del Servicio Diplomático y Consular",Gentileza

La misiva señala que la iniciativa “tendrá un impacto directo en el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y por ende en la adecuada ejecución de la política exterior”.

Refiere que el documento “vulnera principios y normas constitucionales y legales, y de prosperar generará un gran desequilibrio financiero, administrativo y de gestión en el MRE, poniendo en riesgo la ejecución de la política exterior”.

“Consideramos que el proyecto constituye un retroceso para los esfuerzos de profesionalización de las carreras diplomática y consular, administrativa y del servicio civil en el Paraguay, aún si ese no fue objetivo de los proyectistas. Ciertamente hay aspectos que se pueden mejorar en el proceso de profesionalización de las tres carreras, y de la Cancillería trabaja incesantemente en ello”, refiere.

Agrega que el proyecto de ley “contraviene principios constitucionales, tales como la igualdad, la igualdad en el acceso a los cargos públicos, la idoneidad como único requisito para el acceso a los cargos públicos, la especialidad de la función diplomática y consular”. Señala que pretenden “fusionar en un solo cuerpo legal el régimen jurídico de tres carreras diferenciadas en la misma Constitución, en razón de que se trata de tres carreras con objetivos distintos”.

“El proyecto perjudicará el proceso de profesionalización de la carrera diplomática, vulnerará el proceso de selección transparente de funcionarios a través de concursos públicos nacionales de oposición y méritos; disminuirá los requisitos legales de formación académica para favorecer la actividad política partidaria de los funcionarios, truncará la carrera de quienes ingresaron a la unción pública de manera transparente y en base a sus méritos e idoneidad”, apunta.

Añade que “afectará considerablemente el erario público con erogaciones sin planificación y de incumplimiento imposible”.

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