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Postura de la defensa evidencia que Friedmann quiere un “juez a medida”

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
El abogado Guillermo Duarte y el senador Rodolfo Friedmann, en la sala de audiencias. Fue ayer.
El abogado Guillermo Duarte y el senador Rodolfo Friedmann, en la sala de audiencias.Archivo, ABC Color

La contestación de la defensa del senador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro al recurso de reposición planteado por el fiscal Osmar Legal, contra la intervención de la jueza Inés Galarza en la causa, revela que el legislador acusado por el caso “merienda escolar en la Gobernación del Guairá busca evitar que el caso quede a cargo de un Juzgado Especializado en Delitos Económicos.

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La jueza Inés Galarza solo dio trámite a una de las reposiciones presentadas por el fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en la causa que investiga al senador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro, acusado junto a otras tres personas por el supuesto desvío de fondos de la merienda escolar cuando era Gobernador de Guairá (2013-2018).

El agente del Ministerio Público había planteado los recursos en contra de la inhibición del juez Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás y contra la decisión de la jueza Inés Galarza, quien aceptó entender en la causa. La magistrada solo atendió este último planteamiento y corrió traslado a las defensas para que expresen su postura sobre el recurso que interpuso el fiscal Osmar Legal.

Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera, representantes legales de Friedmann, al contestar el traslado de la jueza de Garantías N° 5 hace referencia al recurso de reposición que presentó Legal en contra de la inhibición del juez Delmás.

Argumentan que la decisión de Delmás, de apartarse de la causa, se sustenta en un fallo del Tribunal de Apelaciones Primera Sala, por la que se prueba su constante inhibición de causas en las que interviene el abogado Andrés Casatti; y además en una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por la que se admitió la intervención del letrado como defensor del senador Friedmann.

La defensa señala que el fiscal Osmar Legal “actúa de mala fe”, con el fundamento que “no puede sostener el desconocimiento de las actuaciones ante la Corte Suprema desde el momento en que la información consta expresamente en la providencia de fecha 8 de noviembre de 2021″. En consecuencia, solicitó el rechazo del recurso y que la causa quede en el Juzgado de Garantías a cargo de Inés Galarza.

Rechazó el planteamiento del fiscal

La jueza Inés Galarza resolvió no hacer Lugar a la reposición que presentó el fiscal de UDEA, alegando “ausencia e inexistencia de un agravio concreto e identificable que sea producto de la providencia que hace saber a las partes la competencia del juzgado para entender en la presente causa, por hallarse ajustada conforme a derecho”.

Ahora el expediente se remite al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez Faría y Andrea Vera, para que resuelva la apelación de Legal en contra de la resolución de la jueza Inés Galarza.

El tribunal de alzada también debe resolver la queja por retardo de justicia que planteó el fiscal Osmar Legal debido a que Galarza no remitió el expediente al Juzgado Especializado en Delitos Económicos para que se tramite la reposición en contra de la inhibición del juez Delmás.

Acusación se presentó hace cinco meses

El proceso contra el legislador viene sorteando a duras penas una serie de chicanas que impiden el avance del proceso desde el 28 de junio de este año, cuando el fiscal Osmar Legal presentó la acusación contra el exgobernador del Guairá y los responsables de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA).

El senador Rodolfo Friedmann fue acusado por el Ministerio Público por presunta administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal; mientras que su esposa Marly Figueredo está acusada de lavado de dinero.

También están acusados Silvio Alfaro Bertolo (primo de Friedmann) y la contadora de ESSA S.A Lourdes María Auxiliadora González de Melgarejo, por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.

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