Por Resolución 479/2021, el organismo colegiado resolvió remitir a la fiscalía los antecedentes de observación para descargo efectuados por la CGR sobre supuestas irregularidades en la ejecución de obras públicas financiadas con recursos provenientes de royaltíes y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
La propuesta de elevar los antecedentes se originó en una minuta presentada por los concejales departamentales Carlos Pereira y Mirta González, de la bancada del PLRA, y aprobada por mayoría en sesión del 8 de noviembre último.
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La remisión de los antecedentes, acompañados del descargo hecho por la Gobernación de Itapúa, fue efectivizada el 12 de noviembre último y lleva la firma de la entonces presidenta interina de la JDI, Luisa Salapata (ANR Añetete).
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Tres días después de la remisión de la nota, el lunes 15 de noviembre, el gobernador Juan Schmalko (ANR, HC), con permiso por razones de salud, presentó renuncia al cargo y ese mismo día fue reemplazado por el concejal departamental Christian Brunaga (ANR, HC).
También ese mismo día reasumió el cargo de presidente de la Junta el concejal Gustavo Miranda (ANR, HC), aliado político del ahora exgobernador Schmalko.
Junto con Schmalko presentó renuncia al cargo el secretario de Obras de la Gobernación José Luis González, cuya gestión al frente de la dependencia departamental fue muy cuestionada por un sector de los concejales departamentales.
Una minuta presentada por el concejal colorado Silvio Piris de emitir una resolución de retiro de confianza al funcionario en cuestión quedó sin efecto tras la renuncia del mismo.
Observaciones de la CGR
Los cuestionamientos observados por la CGR refieren a varias obras ejecutadas en el periodo investigado, entre ellas la construcción de un polideportivo en la ciudad de Fram, refacciones y construcciones realizadas en instituciones educativas y sanitarias en el departamento.
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El monto de las obras ejecutadas en el periodo comprendido entre el 2019 y 2020 asciende a más de G. 5.900 millones. De acuerdo a la revisión efectuada por el concejal Pereira, contenida en la fundamentación de su minuta, existirían serios indicios de sobrecostos y pagos indebidos en la ejecución de dichas obras.
El concejal fundó su presentación en la necesidad de deslindar responsabilidades en el uso del dinero público, en el cual también la Junta es responsable como parte del gobierno departamental.