Políticos consumieron otro año, escudados en chicanas

El 2021 se despidió sin ver a varios políticos enfrentar a la justicia, no por falta de mérito, sino por exceso de trabas judiciales. La mayoría de los casos son por millonarias “tragadas” y algunos ya acumulan hasta 32 “chicanas”.

Políticos que chicanean sus casos desde hace bastante tiempo.
Políticos que chicanean sus casos desde hace bastante tiempo.ABC COLOR

Hay varios casos graves, ya sea por estar presuntamente vinculados al narcotráfico, por supuestos robos de dinero del estado en plena pandemia y otros millonarios desfalcos que ya datan de hace al menos 6 años, que de vuelta el año pasado no han podido llegar a juicio, para que sus presuntos responsables enfrenten las acusaciones en su contra.

Mientra el proceso del diputado Ulises Quintana (ANR, cartista) sigue congelado, ante un pedido de incluso anular la acusación en su contra por lavado de dinero y asociación criminal con vínculos con el narcotráfico, el político sigue ocupando su banca y participando de actividades proselitistas con plena libertad.

Pese a ser vetado por Estados Unidos, siendo declarado “significativamente corrupto” e incluso sufrir una catastrófica derrota como candidato a intendente de Ciudad del Ente en las pasadas elecciones municipales, tras su reciente incorporación oficial al cartismo, encontró una llamativa benevolencia de parte de la justicia, que mantiene congelada su causa.

No es el único cartista escudado en chicanas, de hecho, hay otros que se están volviendo expertos en dicha estrategia, acumulando ya 32 incidentes dilatorios. Se trata del exgobernador de Presidente Hayes, Óscar “Ñoño” Núñez y el actual jefe departamental, Rubén Rousillón (Ambos ANR, cartistas).

“Ñoño” y el actual gobernador llevan desde 2015 dilatando su proceso relacionado a un presunto desvío de fondos de G. 55.000 millones de la Gobernación, durante la administración de Núñez, que mantiene cercanía con el expresidente Horacio Cartes, a través de su hermano, el diputado Basilio “Bachi” Núñez.

El oficialismo colorado tampoco escapa a recurrir a esta estrategia. Dos de los casos más sonados de presunta corrupción en exautoridades del gobierno de Mario Abdo Benitez durante la pandemia, culminaron el año pasado recurriendo a chicanas.

En el caso “Agua Tónica”, que involucra a la extitular de Petróleos del Paraguay (Petropar), Patricia Samudio, el juez penal de Garantías, Julián López tendrá a su cargo la convocatoria para un nuevo intento de audiencia preliminar, luego de que el pasado 14 de diciembre Samudio la suspendiera en base a incidentes.

La misma estrategia favoreció al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, cuya audiencia preliminar para determinar si el caso “Tapabocas de oro” va o no a juicio se suspendió a raíz de una inconstitucionalidad planteada por otro acusado.

De esta manera solo resta aguardar la definición en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El caso por presunto desvío de G. 3.700 millones contra el exdirector administrativo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la gestión de Enzo Cardozo, Alberto Aquino Ocampos finalmente pudo elevarse en 2021 a juicio, sin embargo, aún no hay sentencia.

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