Comisión Permanente del Congreso define hoy si pide investigación a un juez

La Comisión Permanente del Congreso, presidida por la senadora colorada Lilian Samaniego, tendrá hoy, a la 09:00, su primera sesión ordinaria del año.

La senadora colorada Lilian Samaniego.
La senadora colorada Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión Permanente del CongresoArchivo, ABC Color

En el orden del día de la reunión figuran varios pedidos de informes a distintas instituciones así como proyectos de resolución y declaración, entre los que resalta el que insta a los representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a iniciar la investigación o juicio de Carlos Alberto Lezcano Fernández, juez en primera instancia en lo civil, laboral y comercial, responsable de haber liberado una millonaria carga de varillas de hierro sin la documentación necesaria para su importación, presuntamente.

En cuanto a los pedidos de informes, figura uno dirigido al Ministerio de la Mujer, presentado por los senadores colorados oficialistas Arnaldo Franco y Lilian Samaniego.

Asimismo, otro pedido de informe, dirigido al Viceministerio de Transporte sobre denuncias recibidas de “reguladas” que realizan las empresas de transporte público, presentado por el diputado colorado oficialista Hugo Ramírez.

Otro pedido de informes presentado por los senadores Franco y Samaniego está dirigido al Ministerio del Ambiente y se refiere a las obras de relleno de humedales en la zona Luque-San Bernardino. Este pedido obedece a denuncias presentadas por pobladores de la zona que temen el daño al ambiente.

En tanto, el diputado Jorge Brítez (Independiente) presentó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la instalación de reductores electrónicos en las distintas rotondas ubicadas en las ruta PY02, tramo desde Ypacaraí hasta Coronel Oviedo.

El último pedido de informes que figura en el orden del día, presentado por el senador colorado Martín Arévalo, está dirigido a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y a la Itaipú Binacional. La consulta concreta se refiere a la veracidad de la información sobre el gobierno brasileño que dispuso unilateralmente la disminución del costo de la energía eléctrica en abierta violación del tratado internacional. De ser cierto, piden indicar el precio y el perjuicio para el país.

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