Hechos
Según la acusación presentada por el Abog. Silvio Alberto Delvalle, el 19 de enero pasado ante el JEM, refiere que el supuesto mal desempeño de funciones se materializó en el proceso judicial caratulado: “Aparicia Ayala Ortiz c/ Enrique y otra s/ violencia contra la mujer Ley 5.777/16″. Agrega, que por inhibición de la jueza de Paz de Caapucú Abog. Luz Mabel Galeano, la acusada jueza Lucia Alejandra Stewart Espinoza, sin disponer de la confirmación de su competencia para conocer, entender y resolver dentro del referido juicio, con absoluta mala fe, saña, alevosía, y terror, procedió a disponer la prohibición al Abog. Silvio Alberto Delvalle (quien no forma parte activa del proceso, siendo el mismo abogado defensor) de la realización de manera directa o indirecta de actos de persecución, intimidación o acoso contra la presunta denunciante señora Aparicia Ayala Ortíz, quien cuenta con un proceso abierto en contra de mis representantes”, dice al inicio el escrito de acusación.
Lea más: JEM solo sanciona a abogado
Agrega: “Es decir, la acusada, sin juicio previo, procede sin ninguna causa sensata de justificación a impartir una orden de restricción en mi contra, evento que confirma y evidencia a todas luces ‘el odio, la enemistas pública, manifiesta e irreconciliable’ en que la misma se encuentra comprometida con esta representación convencional”.
Grave acusación: “La Abog. Lucia Alejandra Stewart Espinoza es una magistrada quien otorga cobertura y protección a narcotraficantes, asesinos criminales, violadores, abigeos, evasores y formaría parte activa de una red organizada de las ‘mafias judiciales’ en razón a que la acusada ‘aprovechando’ su desventaja coyuntural de Administradora de Justicia ha procedido a emitir ‘sendas decisiones arbitrarias en mi contra’, violentando los preceptos del debido proceso, inventando una denuncia ampliada, presuntamente formulada por una persona que reside fuera del ámbito de su competencia y jurisdicción”.
El escrito presentado ante el Jurado asimismo refiere: “La acusada cumpliendo expresas instrucciones de sus superiores jerárquicos a través de una agenda establecida en mi contra, procede a imponerme un proceso cargado de intimidación (notificaciones en mi domicilio cada 24 horas), terror (medida cautelar en mi contra a través de un juicio inventado). Esta codena de eventos se encuentran sistematizados y responden a un plan de silenciar mis denuncias y acusaciones vertidas contra la mayoría de los magistrados de la Circunscripción Judicial de Paraguarí”.
“Unido a todo surge la sistematización de la tortura judicial aplicada por parte de la acusada, quien mediante las intimidaciones (notificaciones recurrentes cada 24 horas en mi domicilio sin juicio previo), terrorismo (imputación de hechos inexistentes y declaración expresa de la condición de procesado, sin otorgarme la posibilidad de ejercer mi legítimo derecho de ofrecer mi descargo), lo cual implica que la acusada ‘actúa de acuerdo a sus emociones’ que se basan en el estatuto tácito utilizado por las organizaciones criminales que son el silencio, la muerte a los enemigos y la consecuencia incondicional para con los amigos”, dice finalmente la acusación del abogado Delvalle.