El presidente de la UNABIP, Abog. Víctor Hugo Castelnovo, dio a conocer a la opinión pública, este miércoles 23 de febrero, la posición que asumió este gremio con relación al pedido de juicio político que se está tramitando en la Cámara de Diputados para la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, a quien se acusa de mal desempeño de funciones.
En este sentido, el comunicado refiere: “Exhortamos a la Cámara de Diputados a iniciar los trámites formales para llevar adelante el juicio político previsto en la Constitución Nacional a la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez, por mal desempeño de funciones”.
La Unión de Asociaciones de Abogados del Interior del Paraguay (UNABIP), ante la crisis suscitada en el Ministerio Público a cargo de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, manifiesta: “Que la impunidad es uno de los obstáculos más serios para un adecuado disfrute de los derechos humanos, la paz y la consolidación de un verdadero Estado de Derecho”.
Agrega: “El Ministerio Público tiene como fin primordial la representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, además promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente, de los intereses difusos, de los derechos de los pueblos indígenas y ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte”.
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Cuestionamiento a la gestión de Sandra Quiñónez
Cuestiona: “Es de público conocimiento que la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez ha debilitado la institucionalidad del Ministerio Público, y ha defraudado la confianza ciudadana al desviar su rol constitucional para favorecer la pérdida de independencia de una de las más importantes instituciones de la administración de justicia, impidiendo una lucha eficaz y frontal contra la criminalidad en aras de beneficiar a unos pocos”.
La solución: “El juicio político previsto en la Constitución Nacional constituye un salvoconducto eficaz de saneamiento institucional a través del cual se pretende examinar la responsabilidad política de un funcionario con la finalidad de proteger y asegurar el buen poder público”.
Suscriben el comunicado de la UNABIP los colegios de abogados del Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú, Cordillera, Misiones, Guairá, y las asociaciones de abogados de Guairá, Caaguazú y del Amambay. Se adhieren, asimismo, al pedido de juicio político la Coordinadora de Abogados del Paraguay y los colegios de abogados de Central y Capiatá.