Ayer a las 22:00 los opositores terminaron de elaborar el tan esperado libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez. Una de las proyectistas del juicio político, la diputada Kattya González, hizo un llamado a todos los sectores para que lean el documento y apoyen la iniciativa. “Tomen una postura. Abran los ojos a sus fieles”, exhortó.
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“Si esto se lee con honestidad intelectual, vamos a tener los votos “, aseguró y agregó que los diputados tienen tres días para leer todo el libelo, para quizás el lunes hacer la presentación e iniciar el proceso. “Esto tiene que salir, esperamos que por convicción la gente venga y firme”, agregó.
Vea el libelo acusatorio:
Las causales
La diputada González resaltó que la causal principal y que más le conmovió es el caso del atropello a la sede del PLRA en el 2017. “Esos sucesos están impunes y no puede continuar de esa manera. Necesitamos saber quién dio la orden del asesinato de un joven que vino a la capital para manifestarse y alzar su voz contra aquello que consideraba un atropello contra la Constitución Nacional”, señaló.
Agregó que en esa causa el Ministerio Público descartó innumerables pruebas en torno a lo ocurrido en la noche del 31 de marzo, durante las protestas contra la enmienda inconstitucional y cuando el diputado Édgar Acosta recibió un balazo en el rostro.
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Otra de las causales más relevantes es la inacción de Fiscalía ante todos los hallazgos de la Comisión Messer, que investigó al expresidente Horacio Cartes y su “hermano del alma” Darío Messer, acusando a ellos y otras 15 personas de formar un esquema que habría cometido varios hechos delictivos.
En total son nueve los casos mencionados en el libelo, entre ellos también la estafa del metrobús, el caso del cigarrillero Roque Fabiano Silveira, la denuncia hecha por Giuzzio contra Horacio Cartes, el ataque al PLRA y homicidio de Rodrigo Quintana, además de la mala gestión administrativa de Quiñónez.
La diputada hizo énfasis en que también detallan la impunidad en la corrupción en icónicos casos ocurridos en gobernaciones y municipalidades, la disparidad de criterio en el tratamiento de casos similares y la violación de derechos humanos.