Siete consecuencias políticas de la protección a la fiscal Sandra Quiñónez

La protección política a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez por parte del expresidente Horacio Cartes, el senador liberal Blas Llano y parlamentarios con procesos abiertos o sospechas ante la Fiscalía generan una serie de consecuencias políticas entre ellas: la impunidad en los casos de corrupción pública y crimen organizado, la justicia selectiva, el apriete a políticos contrarios al cartismo y el repudio electoral y social.

Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.
Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.Archivo, ABC Color

1- Impunidad

Desde hace más de cinco meses duerme en la Fiscalía la denuncia presentada por representantes de la oposición contra el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), por supuestas irregularidades en las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. Ante la presión ciudadana, la fiscala general Sandra Quiñónez designó a los agentes Juan Manuel Ledesma y Jorge Arce para indagar al jefe municipal por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lesión de confianza y estafa, pero todo quedó ahí. También se menciona la impunidad del fraude en el fallido proyecto de metrobús obra del Gobierno de Horacio Cartes que causó un perjuicio patrimonial de más de US$ 50 millones al Estado Paraguayo. Se cita además, el caso de Darío Messer “hermano del alma” de Horacio Cartes que a pesar de los informes elevados al Ministerio Público no existió un proceso abierto en su contra.

2- Blanqueo y omisión

Fue beneficiado por la Fiscalía Roque Fabiano Silveira, conocido como “Zero Um”, en el proceso que tuvo por ocultar a Messer. Donó una ambulancia y zafó la causa. Por otro lado, pese a los informes de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) sobre llamativas operaciones en nuestro país se desconoce investigación penal alguna. La Seprelad remitió el 8 de marzo último al Ministerio Público un informe sobre las sospechosas operaciones realizadas por el diputado cartista Erico Galeano entre los años 2016 y 2022. El Ministerio Público hasta ahora no se inmutó a investigar al diputado pese al rosario de millonarias operaciones sospechosas detalladas por la Seprelad en su informe. A esto se suma que el movimiento oficialista tampoco promoverá la pérdida de investidura de su colega, porque supuestamente la causal contra el precandidato a gobernador de Central no se enmarca dentro del uso indebido de influencias.

3- Protección

Nulo avance en la denuncia penal presentada por el presidente del PLRA, Efraín Alegre, contra el expresidente Horacio Cartes tras no incluir durante su gestión como mandatario una empresa offshore en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Se suma el inútil avance en la denuncia realizada por el exministro del interior Arnaldo Giuzzio contra un esquema de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, y la protección de la Fiscalía a grupos de poder en rutas del contrabando de cigarrillos fabricado por la empresa Tabesa, en el cual estaría involucrado el expresidente. En diciembre del 2018, en Salto del Guairá, Canindeyú se incautaron siete puertos clandestinos, un total de cinco millones de cajetillas de cigarrillos de siete marcas, entre ellos los producidos por Tabesa. Emilio Fuster, de la Unidad anticontrabando tras el decomiso de la importante carga, requirió a los fiscales allanar las tabacaleras para seguir la trazabilidad del dinero, pero nunca lo hicieron.

4- Selectividad

En días más, específicamente el 1° de abril, se cumplirán cinco años del día en el que la Policía Nacional atropelló la sede del Partido Liberal y asesinó allí al joven dirigente Rodrigo Quintana. La Fiscalía, encabezada por Sandra Quiñónez, nunca investigó el origen de la orden de atropellar la sede partidaria. Tampoco le importó a la Fiscalía, que la agente que debía investigar el caso aseguró que el cruce de llamadas y el vínculo del entorno del expresidente Horacio Cartes con el alto mando policial era puro morbo. En enero del 2017, el Tribunal Superior de Justicia Electoral procesó digitalmente 366.000 firmas supuestamente recolectadas para impulsar la reelección de Cartes. Con el cruce informático se identificó mas de 60.000 firmas irregulares, entre casos de falsificación. Además, se encontraron 1142 firmas de muertos. Sin embargo, chicanas y recusaciones impiden hasta ahora que el Ministerio Público avance en la investigación denunciada hace cinco años.

5- Aprietes a enemigos

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, días antes del tratamiento del pedido de juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, adelantó casos de “aprietes” a diputados de su movimiento que tienen procesos pendientes y dijo que reciben amenazas del sector cartista. Sólo dos votos faltaron la semana pasada para archivar el juicio político, pese a que permanecieron en sala los diputados oficislistas con procesos o sospechas ante la Fiscalía: Ever Noguera, imputado por el caso de merienda escolar; Esteban Samaniego, investigado por un supuesto desfalco de G. 10.000 millones cuando era intendente de Quyquyhó, según denuncias, y Luis Urbieta, investigado por supuesta corrupción de cuando era gobernador. También permanecieron en sala con la intención de dar el quórum: Freddy D’Ecclesiis, Guadalupe Aveiro, Colym Soroka y el diputado Hugo Ibarra.

6- Rechazo electoral

Dirigentes y afiliados de Capital, Ñeembucú, Itapúa y de otros departamentos cuestionaron la actitud entreguista y no descartaron solicitar la expulsión de los diputados liberocartistas que buscaron archivar el juicio político a Sandra Quiñónez, entre ellos: Enrique Mineur representante de Presidente Hayes; Édgar Ortiz de Itapúa; María López de Central; Carlos Silva de Ñeembucú; Marcelo Salinas de Central; Juan Ayala de Amambay y Carlos Noguera de Alto Paraná. Lamentan que se busque garantizar la impunidad de los que trafican y lavan dinero sucio. Esperan que en el 2023, el PLRA tenga a los mejores representantes legislativos originarios. Previo al tratamiento del juicio político varias manifestaciones se realizaron de grupos de la sociedad civil que cuestionan la selectividad en las actuaciones de la Fiscalía y también exigen la salida de Quiñónez. Denunciaron además la falta de atención a ciudadanos por parte del Ministerio Público.

7- Inacción en intendencias y gobernaciones

Se demostró la inacción e inoperancia de la Fiscal General en las denuncias promovidas contra intendentes y gobernadores, entre ellos el caso del Gobernador del Departamento Central, Hugo Javier, con los millonarios desvíos de los Fondos Covid-19. Desde el 2016, la Fiscalía ha abierto 80 causas penales con relación al uso de Royalties, FONACIDE y de emergencia por COVID-19. El 85% se encuentra en etapa de investigación. Se ha formulado imputación en solo una de ellas, acusado en apenas, 2 y en otras 2 se ha llegado a juicio oral. El viernes se confirmó una sola condena de cinco años a un exintendente de Arroyito. Se trata de Samuel González Valdez por los hechos punibles de lesión de confianza con recursos del Fonacide y royalties; y uso de documentos no auténticos. En septiembre del 2020, la Cámara Baja gracias a un acuerdo de impunidad entre colorados y liberales archivaron su pedido de intervención.

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