González Daher recusa a fiscala, mientras jueza omite pedido de sanción para abogado chicanero

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Pedido de sanción a la defensa de RGD, ignorado por la jueza.
Pedido de sanción a la defensa de RGD, ignorado por la jueza.

LUQUE. La audiencia para declaración indagatoria fue suspendida luego que la defensa de Ramón González Daher, imputado por extorsión, recusara a la agente del Ministerio Público. Precisamente, el jueves último la fiscala del caso solicitó al Juzgado Penal de Garantías que sancione al abogado del exdirigente deportivo a raíz de las innumerables chicanas planteadas con el único fin de dilatar el proceso penal. La jueza del caso omitió el pedido y dijo que no tiene nada que resolver.

El Ministerio Público amplió la imputación presentada el 30 de diciembre de 2021 contra Ramón González Daher (RGD) por supuesta denuncia falsa contra Salvador Dionisio Aquino y ahora es investigado también por extorsión.

La fiscala Sandra Ledesma había solicitado que el Juzgado de Garantías ordene nuevamente su arresto domiciliario, pero la audiencia de imposición de medidas programada para la semana pasada fue suspendida a causa de las chicanas planteadas por la defensa del condenado a 15 años de cárcel por usura y otros hechos, representada por el abogado Mario Elizeche Baudo.

También el viernes debió realizarse la audiencia de declaración indagatoria de Ramón González Daher en la sede fiscal de Luque, pero nuevamente el abogado Elizeche presentó otra chicana. Esta vez, se trata de un incidente de recusación contra la agente Sandra Ledesma.

“No tengo pendiente de resolución”

La audiencia de imposición de medidas no pudo realizarse debido a que Mario Elizeche presentó tres recursos ante la jueza Jennifer Ynsfrán, como el incidente de nulidad de imputación, de nulidad de providencia -por la cual fue admitida la ampliación de dicha imputación- y de reposición y apelación en subsidio.

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La defensa alegó además la supuesta grosera inobservancia y violación de normativas, así como la producción de pruebas “a espaldas” de su defendido, Ramón González Daher, en base a las declaraciones testimoniales de tres personas.

Al respecto, la fiscala Ledesma solicitó a la jueza Ynsfrán “que aplique el poder de disciplina y aplique la acordada Nº 1597 de fecha 29 de diciembre de 2021, art., 24, Faltas Graves, atendiendo la excesiva e innecesaria cantidad de incidentes planteados por la defensa” y también pidió “el rechazo de lo planteado por no ajustarse a derecho” y así frenar las chicanas.

El viernes, la magistrada de Luque confirmó la ampliación de imputación y rechazó el recurso de reposición y en consecuencia se imprime el trámite de la apelación subsidiaria, que debe ser resuelta por el Tribunal de Apelación. Ynsfrán manifestó que defensa de Ramón González Daher solicitó “que no se vuelva a convocar a una audiencia de imposición de medidas por la ampliación de la imputación”.

Sin embargo, al ser consultada la jueza Yennifer Ynsfrán sobre lo solicitado por la agente Sandra Ledesma referente a la aplicación de sanciones para el abogado Mario Elizeche Baudo, la magistrada dijo “no tengo pendiente de resolución ningún pedido de la Fiscalía”.

Ahora, se espera que el Tribunal de Apelación considere lo solicitado por el Ministerio Público para su aplicación si así lo amerita.

Amplió la imputación

Cabe recordar que la fiscala Ledesma amplió la imputación presentada en contra de Ramón González Daher el 30 de diciembre del año pasado, por supuesta denuncia falsa, e imputó también al usurero luqueño por presunta extorsión en grado de tentativa. Esta causa se inició con la denuncia presentada por Salvador Dionisio Aquino, una de las víctimas de usura del exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En el acta de imputación la agente del Ministerio Público señala que existen suficientes elementos para sospechar la comisión del hecho punible de extorsión, establecido en el artículo 185 inciso 1° del Código Penal, en grado de tentativa, y en consecuencia solicita al Juzgado de Garantías que ordene el arresto domiciliario del condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa, alegando que existe peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación.