La Sindicatura General justifica la referida vía en el artículo 33 de la ley de Contrataciones Públicas, inciso “a”, reservado solo para compras de obra de arte. Sin embargo, la institución transpola a la compra de un patrimonio “cultural”, la adquisición del caserón antiguo, conocido como casa Neto, que según las fuentes no corresponde al ámbito de funciones de la Sindicatura.
El inciso “b” del artículo 33 que también usó la institución hace referencia a “razones de orden técnico”.
La Sindicatura General refirió que el inmueble se ubica cerca de la Corte Suprema de Justicia y que además cuenta con un amplio estacionamiento con entrada y salida por dos calles. Sin embargo, no se configuraría el requisito legal de la exclusividad, según las fuentes, ya que en la zona existen numerosos inmuebles que cuentan con la ubicación y el estacionamiento alegados por la Sindicatura.
En cuanto a la urgencia impostergable para evitar el llamado a licitación, la Sindicatura General dijo que tenía previsto el crédito para la compra del inmueble y que debía ser ejecutado dentro del ejercicio 2021 o se perdía el rubro. Empero, la decisión de comprar fue en octubre pasado, lo que evidencia que había tiempo suficiente para llamar a una licitación.
Ante las sospechas de irregularidades, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, dispuso una investigación que se encuentra en pleno desarrollo. La conclusión a la que se pueda arribar será fundamental, ya que incluso se puede anular el proceso de compra.
Los antecedentes revelan que el 3 de diciembre del año pasado, Huerta, en representación de la Sindicatura General de Quiebras, firmó el contrato de adquisición de inmueble con César Ramiro Yambay, por la firma Organización Dinámica. El monto de la operación fue de G. 13.677 millones.