Cantero, presidente del BCP, compareció por casi tres horas en sesión secreta ante la Cámara de Senadores para responder sobre el motivo por el cual la institución respondió con un documento lleno de tachaduras a un pedido de informes sobre el caso de la Financiera Ara, así como las movidas financieras del expresidente Cartes y el Banco Basa.
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Al finalizar la reunión, Cantero dijo que la ley orgánica del BCP les obligaba a resguardar ciertas informaciones que afectan a terceros, por el “secreto bancario”, pretendiendo justificar la falta de respuesta a las consultas del Senado.
Sin embargo, el senador Querey (FG) dijo que la banca matriz hacía una interpretación abusiva de la ley.
Uno de los puntos que el Senado pidió al BCP y este le negó fue el dictamen jurídico por el cual resolvieron pagarle a Ramón González Daher US$ 4 millones por sus certificados de ahorro y no los 75 salarios mínimos que establece la ley.
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Querey dijo que la actitud del BCP permite sospechar que esta administración o la anterior de la entidad “está obstruyendo la investigación para ocultar algún hecho ilícito”, agregó.
El pedido de informes del Senado al BCP fue sobre las actividades como “prestamista” del expresidente Horacio Cartes, además de otras relacionadas a la quebrada Financiera Ara y el procesado Ramón González Daher.
En relación con los préstamos multimillonarios que otorgó Cartes al club Libertad y a su hermana Sarah Cartes, entre otros, Cantero admitió que el exmandatario no estaba inscripto como prestamista ante el BCP, es decir que no estaba autorizado a dedicarse a esta actividad.
Sin embargo, se negó a admitir que incurrió en una irregularidad, señalando que podía analizarse como un préstamo entre personas privadas, como las que se dan entre personas conocidas. Sobre el hecho de que se trataba de sumas siderales, dijo que era un tema a estudiar.
Cambio a la ley
El senador colorado oficialista Enrique Bacchetta dijo que la modificación que se hizo de la ley orgánica del BCP puede dar lugar a una confusión en cuanto al secreto bancario. Por ese motivo, se mostró partidario de modificar la ley para aclarar la obligación que tienen de informar.
Indicó que el BCP habla de transparencia, pero tachar una documentación hace pensar lo contrario, teniendo en cuenta las recomendaciones de Gafilat y todas las leyes que el Congreso aprobó en los últimos tiempos para transparentar los procesos en el sistema bancario.
Interpelación y juicio político
El FG reiterará los pedidos de informes al BCP sobre los mismos temas consultados, esperando que ahora responda “sin tachaduras”. Sin embargo, el senador Querey señaló que José Cantero adelantó que no responderán porque ya lo hicieron. Esto motivaría, según Querey, un caso de mal desempeño de funciones y puede motivar una interpelación del funcionario. En caso que sus respuestas sean insatisfactorias, se le puede iniciar un juicio político, aunque eso dependería de la Cámara de Diputados donde es dudoso que haya acompañamiento.