AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). El concejal liberal Adrián Billy Vaesken reiteró ayer a ABC que el imputado gobernador, el cartista Hugo Javier González, no puede cumplir con sus funciones mientras dure su arresto domiciliario. Dijo que el Art. 13 de la Ley 426/94 “Carta orgánica del gobierno departamental” es bien claro al respecto.
Según explicó, dicho articulado establece taxativamente que en caso de ausencia, muerte, renuncia o impedimento del gobernador se procederá de tres maneras. En el primer caso cuando la ausencia sea por más de tres días el gobernador deberá comunicar por escrito con antelación a la Junta Departamental y lo reemplazará el presidente de la misma, mientras dure su ausencia, dice la normativa.
El edil departamental señaló que en segundo caso cuando la ausencia sea por más de quince días ya se requerirá el permiso de la Junta Departamental. En el tercer y último motivo está la renuncia, muerte o impedimento definitivo del gobernador.
En ese sentido, la ley establece que si el hecho ocurrió durante los tres primeros años del período, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocará a nuevas elecciones, dentro de los noventa días siguientes a la vacancia. Si el hecho ocurriera durante los dos últimos años, será elegido un nuevo gobernador entre los miembros de la Junta Departamental por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, hasta completar el período, dice la normativa.
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Vaesken señaló que con el arresto domiciliario es evidente que el gobernador estará ausente en la sede departamental, por lo que deberá comunicar “sí o sí” para que el actual presidente del legislativo, el liberal dionisista Mario Aguilera, asuma como encargado de despacho.
Afirmó que la estrategia de los abogados defensores del gobernador de hacerle cumplir su medida cautelar cerca de sede de la gobernación no es suficiente, atendiendo que la ausencia debe considerarse en la institución.
El edil añadió que la misma carta orgánica establece que uno de los deberes principales del jefe departamental es representar a la institución. Sin embargo, con su arresto domiciliario tampoco podrá hacerlo, comentó.
En barrio cerrado
La jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete, decretó el martes último el arresto domiciliario del gobernador de Central como medida cautelar en el marco de la investigación del Ministerio Público por el presunto mal uso de los fondos covid.
La magistrada en principio dispuso que la medida se cumpla en una vivienda de Fernando de la Mora. Sin embargo, el abogado defensor del gobernador, Fausto Portillo, pidió el cambio a una casa en el barrio cerrado Costa Lago, ubicado sobre la ruta Ypacaraí-Areguá (Itauguá) con el fin de que González siga ejerciendo su función de gobernador y cumpla su rol de padre en forma responsable.
Fianza real de G. 1.500 millones
La jueza María Elena Cañete además del arresto domiciliario, aceptó como garantía del cumplimiento de la medida una fianza real de G. 1.500 millones, valor de un inmueble ubicado en el distrito de Itauguá. La propiedad figura a nombre de Petrona Salvioni Vega, según el Auto Interlocutorio Nº 863 del 12 de abril último. La magistrada explicó que su decisión se debió a la gravedad de los hechos imputados por la fiscalía y al peligro de fuga.