Denuncian “asociación criminal” de la fiscalía y diputados con gobernadores

La activista anticorrupción María Esther Roa afirmó que el Ministerio Público y la Cámara Baja son cómplices de los gobernadores que hacen “festín” con el dinero que reciben por parte de la ley de los fondos de emergencia.

Los periodistas Juan Carlos Lezcano (derecha) y Juan Jara, anoche en el programa “Expediente Abierto” de ABC TV.
Los periodistas Juan Carlos Lezcano (derecha) y Juan Jara, anoche en el programa “Expediente Abierto” de ABC TV.

El programa “Expediente Abierto”, emitido todos los domingos de 19 a 20:00 por ABC TV, analizó anoche las presuntas irregularidades que existen con el uso de los fondos de emergencia en las gobernaciones del país, por las que hasta ahora la Fiscalía presentó imputación solo contra el gobernador Hugo Javier González, por lesión de confianza y otros delitos, por el caso de las “obras fantasma” en Central.

Los periodistas de ABC Juan Carlos Lezcano y Juan Jara, encargados de la serie de publicaciones sobre el presunto despilfarro con los fondos de emergencia, estuvieron como invitados y detallaron las anomalías que detectaron la Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional Anticorrupción en las administraciones de los gobernadores César Ramírez (Canindeyú), José Adorno (Alto Paraguay), Pedro Díaz Verón (Caazapá), Juan C. Vera (Guairá). Éste último es considerado como el del caso más escandaloso.

Ambos colegas coincidieron en que los gobernadores montaron un mismo esquema para el “festín” con los 2 millones de dólares que recibió cada gobernación por parte del Gobierno Central, entre los años 2020 y 2021, en el marco de la Ley 6641/20.

Agregaron que, dentro de ese esquema, resolvieron dar la mayor cantidad del dinero a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), ya que ellas no están bajo la supervisión de la Contraloría.

Fiscalía “cómplice”

Por su parte la activista anticorrupción María Esther Roa expresó que la Fiscalía y la Cámara de Diputados son “cómplices” del despilfarro en las gobernaciones. Solo la movilización ciudadana hará que dichas instituciones impulsen las investigaciones “contra los que meten la mano en la lata del dinero público. Si no nos manifestamos esto irá al opareí”, aseguró.

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