Según la nota remitida a Salomón, firmada por el abogado Juan Prieto y otros miembros de la AAP, el pedido de pérdida de investidura se respalda en que al candidatarse a ministra del TSJE, Alvarenga de Ortega no solo violó varias disposiciones legales y constitucionales, sino que también compite con ventaja ante los otros postulantes al cargo.
“Pisoteó la Carta Magna, sabiendo que no le corresponde concursar, por los trabajos que desempeña con el Estado y por ubicarse en posición adelantada frente a los demás concursantes”, sostiene la nota.
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A esto le suman que la misma ha admitido ser accionista de la Universidad Nihon Gakko, institución que además admitió ser proveedora del Estado ya que confiesa tener “contrato firmado con el Ministerio de Educación y Ciencias, para otorgar cursos de actualización” en su universidad, lo cual mencionan, confronta con los artículos 196 y 197 de la Constitución Nacional.
En situación casi idéntica se encuentra el también senador Enrique Salyn Buzarquis Cáceres (PLRA), quién también se postula al cargo de ministro de TSJE sin renunciar a su curul. El único legislador que dimitió antes de concursar es el llanista Juan Bartolomé “Ancho” Ramírez, que no obstante está impugnado por otros motivos.
Este mismo gremio ya había solicitado la exclusión de todos los legisladores y exlegisladores del concurso por las dos vacancias que dejarán, por cumplimiento de la edad límite, los ministros Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (Partido Revolucionario Febrerista).
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