El secretario general y jefe del Gabinete Civil, Hernán Huttemann, habló sobre el proyecto de Ley que previene el conflicto de intereses. Este proyecto, entre otras cosas, plantea la obligación de cualquier funcionario, incluidos los parlamentarios, a que se aparte o inhiba de actuar en cualquier situación en la que entren en conflictos sus intereses privados con los públicos.

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“No puede ser que a esta altura no tengamos una ley que regule y establezca con claridad qué es el conflicto de intereses”, denunció Huttemann. Agregó que los ciudadanos esperan que las decisiones tomadas por los funcionarios del Estado sean imparciales y no por intereses personales; sin embargo, existen casos que demuestran lo contrario.

Aseveró que existen varios casos escandalosos que no son sancionados porque no hay una regulación.”Lo que se también se busca con esta ley es establecer una serie de medidas de corrección y sanción, además de prevenir el conflicto de intereses”, aclaró el jefe de Gabinete Civil.

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Agregó que la posibilidad de conflicto de intereses entre la enorme cantidad de proveedores, una población pequeña y la cantidad de funcionarios es muy grande. “En contrataciones hablamos de entre 3 a 4 mil millones de dólares al año y unas 33 mil personas que proveen al Estado”, subrayó.

El conflicto de intereses se buscará evitar a través de una declaración jurada en la que el funcionario brindará información sobre sus relaciones, antecedentes laborales y profesionales, afiliaciones a organizaciones con o sin fines de lucro, cuáles son las ocupaciones de los miembros de la familia. “Mediante esa declaración jurada uno tiene la radiografía clara de la red de contactos de la persona que asume un cargo”, declaró.

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En el proyecto de ley se detalla que el funcionario no puede desarrollar una actividad laboral, no puede ser accionista, no puede ser socio de una empresa o sociedad empresarial que opere dentro del ámbito de su competencia, tampoco puede ser proveedor de por sí o por terceros, según dijo Huttemann.

Agregó que, cuando se detecta un conflicto de interés, se analizaría la gravedad para las sanciones administrativas. El funcionario público podría ser destituido y, en el caso que se trate del presidente de la República, se sometería a un juicio político. Por otro lado, se somete a una sanción penal, que sería estudiado.

“Queremos que el conflicto de intereses esté regulado, al igual que los otros países de la región”, finalizó.