La comisión de Legislación se reúne en la fecha para dictaminar el proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, amplía la Ley 5295/2014 “Que prohíbe el nepotismo en la función Pública”.
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El proyecto de ley presentado hace más de un año hoy tendrá su primer dictamen, requisito necesario para que pueda ser tratado por el pleno.
La diputada Kattya González (PEN), presidenta del Frente Parlamentario Anticorrupción intentará el miércoles solicitar una sesión extraordinaria para tratar el proyecto de ley que pone en aprietos principalmente a los colorados que mantienen negocios con el Estado.
El Congreso otorgó por 15 días subsidios por un valor aproximado de US$ 11 millones a las estaciones de servicios de Petropar y se descubrió que varios diputados cartistas y oficialistas fueron beneficiados.
Ejes principales
El proyecto de ley ataca tres puntos principales para evitar el conflicto de intereses en la Función Pública. Se plantea que el funcionario público presente su declaración jurada de intereses reportar sus intereses privados, de su grupo familiar o de sus amigos cercanos, y que puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones públicas.
El conflicto de intereses de un funcionario público o si favoreció a alguien o lo perjudicó será determinado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
En el caso de no presentar su Declaración Jurada de Intereses o falsear datos, se prevé un castigo con multas y prohibición hasta 10 años de ocupar cargos públicos.
El proyecto de ley amplía la ley de nepotismo e incorpora como novedad la prohibición de contratar o nombrar a cualquier familiar, salvo que lo haga por la vía del concurso. Varios familiares de autoridades ocupan cargos bajo la figura del cargo de confianza.
También se castigan las llamadas “puertas giratorias” con el que se busca evitar que un exalto funcionario público lleve información privilegiada a una empresa privada, sino lo haga hasta después de dos años de dejar la función pública.
Reclaman proyecto de ley
La Convención Interamericana contra la Corrupción recomienda al Paraguay contar con una ley de conflicto de intereses ya que las normas se encuentran dispersas en los Códigos de Ética o en o en la Ley 1626/2000 de la Función Pública, “sin embargo, debe regir para todos los funcionarios públicos, y la recomendación es reiterativa en otras Rondas del Mecanismo de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción”. señala.
La Convención Interamericana recomienda el cubrimiento para todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de todos los niveles, ramas y órganos del Estado.
Además, del cubrimiento de todos los momentos en los cuales pueden advertirse o presentarse los conflictos de intereses: antes de que se asuman las funciones públicas; durante su desempeño; y con posterioridad a su ejercicio, estableciendo restricciones adecuadas para quienes dejan de desempeñar un cargo público, menciona el documento de la Convención.