Congreso sanciona proyecto de ley que facilita a Petropar compra de combustible sin mediadores

La Cámara de Diputados sancionó, tal como vino del Senado, el proyecto de ley que exceptúa de la obligación de presentar declaraciones juradas a empresas extranjeras proveedoras de combustible, algo que facilitará a Petropar la compra sin intermediarios, lo cual eventualmente podría repercutir en una leve baja del precio de combustibles de la estatal. Hubo serias críticas de opositores sobre peligro de dar cheque en blanco a Petropar. La normativa, exigida por camioneros, ahora pasa al Ejecutivo.

En sesión extraordinaria de Diputados se sancionó el proyecto de ley que es una de las exigencias de los camioneros que se encuentran en paro.
En sesión extraordinaria de Diputados se sancionó el proyecto de ley que es una de las exigencias de los camioneros que se encuentran en paro.virgilio vera

El proyecto de ley aprobado consta de dos artículos. Por una parte elimina algunas obligaciones exigencias de la Ley de Contrataciones Públicas y la de Declaraciones Juradas en favor de representantes legales de empresas extranjeras dedicadas a la provisión de combustible, a fin de facilitar que Petróleos Paraguayos (Petropar) pueda comprar de manera directa a estas empresas los hidrocarburos y así eventualmente bajar sus costos, y por ende, el precio final para el ciudadano.

Según estimaciones de los proyectistas en Senado, con la eliminación de los costos de intermediarios, se calcula un ahorro de al menos US$ 3 millones al mes, lo que para el usuario podría representar una reducción de G. 200 por litro de combustible, aunque varios diputados opositores destacaron que ninguna autoridad de Petropar pudo asegurar cuál fue el impacto o beneficio de esta ley.

“La intermediación siempre es un peligro porque se presta a la corrupción”, afirmó el diputado Édgar Acosta (PLRA), argumentando a favor en representación de la Comisión de Cuentas y Control y agregó: “Claro que hay que hacerlo con transparencia, conociendo la estructura de costo”.

“Tal vez no sea inmediato, pero el precio tiene que bajar. Al eliminar la intermediación el precio tiene que bajar“, insistió Acosta, que también se refirió al titular de Petropar, Denis Lichi, y pidió su renuncia, ya que es candidato a gobernador de Cordillera por el oficialismo de la ANR (Fuerza Republicana).

“Por prudencia y patriotismo, para evitar especulaciones, que salga a buscar el voto y deje el cargo para los que se van a enfocar ‘1000%’ a buscar el beneficio para la toda la ciudadanía”, dijo Acosta.

El diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA) también respaldó la iniciativa, pero insistió en que más adelante se deberán estudiar otras cuestiones de fondo respecto al tema de combustible. Principalmente planteó que a futuro se elimine el combustible como un producto gravado por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), ya que -afirmó- ya no se trata de un producto exclusivo, sino de primera necesidad.

En el mismo sentido, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) insistió en que tendrán realmente mayor impacto otras iniciativas, como la eliminación del ISC y así como del aporte intergubernamental. Esto último representa un sobrecosto de entre G. 120.000 millones y G. 130.000 millones para la petrolera estatal.

“Hay que suprimir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y gravar con Impuesto al Valor Agregado (IVA), eso va a reducir el precio. Hay que suspender el aporte intergubernamental de G. 120.000 millones al mes que Petropar le tiene que dar al Estado paraguayo. Esa plata tiene que dejar de ir a Hacienda y tiene que pasar a formar un fondo verdaderamente de reserva cuando ocurran estas cosas (aumentos)”, dijo Amarilla.

Agregó que dicho fondo puede servir para que Petropar pueda acumular combustible a bajo costo, para soportar tiempos de aumento de precios. “Petropar tiene el 40% del tancaje y el 14% del mercado. Tiene tanques de sobra para guardar combustible para cuando suba”, dijo.

Temen dar “vía libre” a Petropar

El diputado Celso Kennedy (PLRA) alertó sobre algunos puntos preocupantes del proyecto aprobado, sobre todo la posibilidad de discrecionalidad, ya que elimina varias exigencias de fiscalización de la Ley de Contrataciones Públicas, pudiendo llevarse adelante las licitaciones sin control, obligando únicamente a reportar los contratos ya concretados.

Ante sus dudas, planteó someter a una audiencia pública este proyecto y hasta tanto no respondan sus cuestionamientos, decidió no acompañar esta iniciativa. Tras oír a otros de su colegas, se ratificó en mantener sus dudas, diciendo que no existe justificación para dejar a Petropar “sin ley, sin sanciones y sin control”.

En la misma línea de cuestionamientos se pronunció la diputada Rocío Vallejo (PPQ), que advirtió que las leyes y artículos que pretenden modificar posiblemente ya no existan en 15 días, ya que hay otros proyecto en estudio que justamente modifican dichos puntos.

Vallejo dijo que además de ser temporal esta ley, preocupa que al derogar varios artículos de la ley de Contrataciones Públicas podrían estar dando “vía libre, carta libre, estar sin ley a una institución altamente corrupta” como Petropar. También propuso discutir en una audiencia pública para que las autoridades de la petrolera etatal den la cara y respondan a los cuestionamientos.

Reprochan tener que legislar con “pistola en la cabeza”

Varios legisladores opositores advirtieron que al final Petropar sostiene que posiblemente estas modificaciones no impacten en el precio del combustible y que ambas leyes que se pretenden modificar ya están previstas de ser derogadas próximamente. También reclamaron la improvisación del Gobierno que los obliga a legislar con una “pistola en la cabeza” y con presión de grupos como el de los camioneros.

“Las improvisaciones nos han llevado a una especie de embudo, donde estamos legislado con una celeridad que no nos permite explicarle a la ciudadanía los alcances de los temas que estamos tratando”, reclamó la diputada Kattya González (PEN), recordado que el Gobierno había aprobado y derogado en menos de un mes el cuestionado subsidio a Petropar.

González agregó que ahora preguntaron a autoridades de Petropar “si la eliminación de intermediarios va a implicar una reducción en el costo y el precio del combustible. Había sido que el problema no es el intermediario, sino las transferencias intergubernamentales y el Índice Selectivo del Consumo (ISC)”.

La legisladora consideró que de vuelta, desde el Gobierno estarían planteando una ley que no solucionaría el inconveniente y que se estaría respondiendo solo a las presiones de algunos sectores. “No se puede legislar, y lo digo con mucho respeto, con una pistola en la cabeza”, reclamó.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) también reclamó las presiones en torno a estos temas, las cuales dice son azuzadas por el propio Lichi. “Los camioneros están acá de balde, está no es una propuesta de los camioneros, es una propuesta de Lichi”, dijo Amarilla y agregó que “no hace falta que nos mande sus camioneros de caña dulce y azúcar para meternos presión”.

Ley “elimina” intermediarios y exige conocer costos de Petropar

Actualmente, la legislación obliga a empresas que quieran participar de licitaciones con el Estado a presentar declaraciones juradas de sus directores u otros responsables. Si bien esto puede ser atacado de inconstitucional -y la Corte Suprema de Justicia ya ha fallado en dicho sentido en varias ocasiones-, suele ser un obstáculo para que firmas internacionales presenten ofertas.

Esta situación hace que Petropar deba recurrir a intermediarios para la compra de combustibles, elevando sus costos al tener que incluir una prima o plus para el broker (mediador).” como Petropar. También propuso discutir en una audiencia pública para que las autoridades de la petrolera estatal den la cara y respondan a los cuestionamientos.

Otro punto relevante que incluye el proyecto de ley aprobado es que obliga a Petropar a transparentar su estructura de costos, algo que hace tiempo viene siendo un reclamo de varios sectores políticos a fin de clarificar el manejo de la petrolera estatal, a cargo de Denis Lichi.

“Petróleos Paraguayos (Petropar) deberá transparentar la estructura de costos de los productos combustibles derivados del petróleo y biocombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso Nacional mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación”, establece taxativamente la iniciativa aprobada.

Este proyecto es parte de las exigencias de gremios de camioneros que desde la Semana Santa realizan medidas de fuerza al costado de rutas en varios puntos del país.

La aprobación se dio durante la sesión extraordinaria, que fue convocada luego de que la ordinaria quedara sin quorum ante la llegada tardía de varios legisladores.

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