La abogada Myrian Marlene Fernández Llamazares, defensora de los camioneros Julio César Solaeche Barreto, Juan Fredi Freidelin González y Vicente Medina Duarte, recurrió al Tribunal de Apelaciones para pedir la revocación de la prisión preventiva ratificada mediante AI N° 251 del juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás.

El pasado 22 de abril se sustanció la audiencia de revisión de medidas ante el citado magistrado, quien tras analizar el caso resolvió mantener la prisión preventiva para los cinco trabajadores del volante, que ya había sido ordenada el 14 de abril por el juez penal de garantías Humberto Otazú. Los cinco, desde el lunes último, cumplen la medida en el penal de Tacumbú.

La auxiliar de justicia apeló el AI N° 251 del juez José Agustín Delmás, señalando en su escrito que en su consideración el magistrado intentó fundamentar el rechazo de la pretensión de la defensa, con base en los artículos 243 y 244 del Código Procesal Penal, “a fin de sostener el presunto peligro de fuga y obstrucción de la justicia”.

“Sin embargo, lejos de emitir un fundamento jurídico sobre la existencia del peligro de fuga, solo pasó a hacer formulaciones genéricas o simples transcripciones de preceptos legales que no suplen de modo alguno la argumentación requerida”.

Por lo tanto solicitó “revocar en todas sus partes el auto apelado, concediendo el arresto domiciliario con control aleatorio, con la caución real ofrecida” al Tribunal de Apelación.

Resoluciones deben estar fundadas

En la cuestión la abogada Fernández se refirió al artículo 247 del Código Procesal Penal que establece que las resoluciones que decreten la prisión preventiva deberán contar con fundamentos y concretamente todos los presupuestos que motivan la medida.

En contrapartida, señaló Fernández que “mis defendidos tienen domicilio fijo conocido”, por lo que “se encuentra demostrado en autos la inexistencia del peligro de fuga”.

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Sobre el peligro de obstrucción, Fernández dijo que el juez “para decidir respecto a este presupuesto, debe señalarse concretamente los actos que pudieran realizar los imputados, y debe existir grave sospecha para lo cual debe emitirse un juicio de probabilidad”, que consideró insuficiente para inferir la posibilidad de que obstaculicen la pesquisa.

Añadió que el juez se contradijo en su resolución al señalar que “por una parte funda que el supuesto hecho imputado no se trata de los enmarcados dentro del rango de “crímenes” que es cierto, pero a guion seguido refiere que por ese motivo existen elementos de sospecha de un hecho punible grave”.

Y por último manifestó que en el Auto Interlocutorio “no se ha realizado el análisis de un solo argumento formulado por esta defensa en la audiencia de revisión, como tampoco se ha realizado un análisis del cumplimiento, en forma conjunta, de los presupuestos para mantener la prisión preventiva”.

Exigieron soborno para no cerrar rutas

La imputación N° 3 formulada por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta señala que los camioneros Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Solaeche se reunieron en dos ocasiones con el ministro del Interior, Federico González, el 11 de abril a las 11:00, en la planta principal de Petropar, cuando le exigieron la suma de US$ 1.000.000 para no cerrar rutas.

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Ante la negativa de pagar por parte del ministro, los camioneros bajaron el monto a US$ 300.000 el 12 de abril, en otra reunión, pero ya en sede del Ministerio del Interior. Aquí también recibieron la negativa del secretario de Estado, por lo que los camioneros le solicitaron que su pedido llegue al presidente de la República Mario Abdo Benítez.

Ya el 13 de abril, solo Ángel Zaracho se movilizó hasta la sede ministerial para buscar los US$ 50.000 que le fueron entregados y con los que cayó detenido mientras bajaba por las escaleras para dirigirse a la calle. Dichos billetes de la moneda norteamericana fueron entregados en un operativo fiscal, luego de ser fotocopiados y registrados bajo autorización judicial de Humberto Otazú.