Camioneros procesados por extorsión pisaron Tacumbú

Los cinco camioneros fueron trasladados, ayer a la mañana, a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú donde desde ahora deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Los trabajadores del volante están procesados por supuestamente exigir dinero al Gobierno para no cerrar rutas.

Los cinco camionros tras ser ingresados al penal de Tacumbú.
Los cinco camionros tras ser ingresados al penal de Tacumbú.gentileza

Alrededor de las 11:00 de ayer se procedió al traslado de los líderes del gremio de camioneros: Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, desde la Agrupación Especializada de la Policía Nacional a la penitenciaría de Tacumbú.

Los cinco trabajadores del volante cumplen prisión preventiva desde el pasado 14 de abril, por resolución del juez penal de garantías Humberto Otazú. Ellos debían permanecer en el cuartel policial por el término de 10 días, los cuales se cumplieron este sábado último, para luego pasar a un recinto penitenciario, que cumplió ayer.

Los abogados Myrian Fernández y Raúl Peralta, defensores de los choferes, habían solicitado la revisión de medidas para los mismos. Dicha audiencia fue realizada por el juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás, quien ratificó la prisión para todos.

La defensa técnica de Zaracho y los otros cuatro había solicitado la aplicación del arresto domiciliario o libertad ambulatoria. El Ministerio Público, representado por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, se opusieron a dicho pedido.

La resolución judicial se fundó en que subsiste el peligro de fuga y el riesgo de que obstruyan o modifiquen elementos que puedan servir para la pesquisa.

Fiscalía no pudo entregar pruebas al juzgado

Este lunes se debió realizar la entrega de evidencias colectadas por el Ministerio Público al juez José Agustín Delmás, pero se suspendió porque los abogados de la defensa apelaron la resolución que convocaba a la realización de dicha audiencia, establecida en el artículo 200 del Código Procesal Penal.

Los abogados defensores señalaron en su apelación que “por una parte el Ministerio Público y el Juzgado quieren darle un tratamiento de una interceptación de una comunicación, pero en realidad es una cámara oculta que filmó reuniones de las personas para legalizar las diligencias realizadas dentro del acto de la investigación”.

Además de que “es necesario que el magistrado previamente analice las grabaciones y saber si fueron realizadas dentro del periodo otorgado por la autorización judicial, situación que no se da con las grabaciones que pretenden ser entregadas en la audiencia del 25 de abril de 2022. Está en duda la forma de obtención de las filmaciones”.

Por su parte, la fiscala Liliana Alcaraz calificó lo hecho por los defensores como “una chicana directamente, porque en vez de tener acceso rápido a las evidencias conforme al Código Procesal Penal, ellos presentan un recurso”.

Tres encuentros con el ministro del Interior

La imputación N° 3 formulada por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta señala que los camioneros Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Solaeche se reunieron en dos ocasiones con el ministro del Interior, Federico González, el 11 de abril a las 11:00, en la planta principal de Petropar, cuando le exigieron la suma de US$ 1.000.000 para no cerrar rutas.

Ante la negativa de pagar por parte del ministro, los camioneros bajaron el monto a US$ 300.000 el 12 de abril, en otra reunión, pero ya en sede del Ministerio del Interior. Aquí también recibieron la negativa del secretario de Estado, por lo que los camioneros le solicitaron que su pedido llegue al presidente de la República Mario Abdo Benítez.

Ya el 13 de abril, solo Ángel Zaracho se movilizó hasta la sede ministerial para buscar los US$ 50.000 que le fueron entregados y con los que cayó detenido mientras bajaba por las escaleras para dirigirse a la calle. Dichos billetes de la moneda norteamericana fueron entregados en un operativo fiscal, luego de ser fotocopiados y registrados bajo autorización judicial de Humberto Otazú.

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