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Sala Constitucional tratará caso de juez que denunció “apriete”

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Exjuez Nelson Ojeda, quién había denunciado ser presuntamente víctima de una "rosca" de apriete desde el JEM.
Exjuez Nelson Ojeda, quién había denunciado ser presuntamente víctima de una "rosca" de apriete desde el JEM.ABC Color

Para el próximo miércoles 11 se fijó audiencia de la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar la medida cautelar planteada por el exjuez Penal de Garantías de Hernandarias, Nelson Ojeda Quintana, que denunció haber sido removido de su cargo por autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), supuestamente al no ceder a un “apriete” para que firme una resolución “prefabricada”.

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El pasado 18 de marzo, la los ministro de la Corte habían rechazado un pedido de Ojeda de restitución en su cargo, ya que consideraron que esa no era la vía para hacerlo, sino resolviendo la medida cautelar que planteó, en conjunto con una acción de inconstitucionalidad con la resolución del JEM de quitarlo del cargo.

Pese al rechazo se habían comprometido a darle celeridad al estudio de la medida cautelar, y este miércoles 4, en sesión de la Corte, se volvió a recordar el caso y se acordó darle una resolución en una semana.

El ministro Manuel Ramírez Candia es el que insistió en el tratamiento del caso ya que recordó que es un “tema que es tan sensible, en razón de la denuncia que viene detrás de esta decisión”, ya que “detrás de la remoción de este magistrado habría una suerte de presión ejercida por parte de miembros del JEM”.

Según denunció públicamente el exjuez Ojeda, que expuso incluso conversaciones de Whatsapp y otros elementos, presuntamente el presidente del JEM, Jorge Bogarín Alfonso y el miembro, diputado Rodrigo Blanco (PLRA) formarían parte de una “rosca” que presionó al magistrado para que firme una resolución favorable para un litigante, y al haberse negado, se lo enjuició y removió del cargo.

Los ministros también insistieron en la necesidad de dar mayor celeridad a otros varios casos similares estancados hace tiempo en la Corte. “Esperar 7, 8, 5 ó 6 años, 13 años (para una resolución) es exasperante y no hace bien al sistema”, agregó el ministro Víctor Ríos.

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