El proyecto establece la prohibición por dos años a quienes ocuparon altos cargos públicos a ejercer funciones en una empresa privada, debido a la posibilidad de que estas personas se aprovechen de información privilegiada del Estado para tener ventajas competitivas.

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En el mismo sentido, se prohíbe a quienes ocuparon cargos privados gerenciales, asuman cargos públicos en el mismo ramo, para evitar una colisión de intereses.

La polémica alrededor del proyecto se debió a que algunos senadores, como Sergio Godoy (ANR-cartista) planteó que estaría colisionando con el derecho constitucional a trabajar.

El senador liberal Abel González planteó la posibilidad de que se establezcan compensaciones económicas a los afectados por el tiempo que no podrán trabajar.

Al respecto, el proyectista Derlis Osorio había señalado que disposiciones similares existen en varios países.

También la senadora Desirée Masi (PDP) destacó que, si la ley entra en vigencia, quienes decidan asumir una función pública estarán previamente en conocimiento de las restricciones que conlleva su decisión , por lo cual será una decisión personal.