El proyecto de resolución fue presentado por el senador Salyn Buzarquis (PLRA). Dijo que es consciente de que no se puede reformar las instituciones en dos semanas, pero sostuvo que su proyecto debe verse como un mensaje y una presión política para que las autoridades al menos “se muevan”.
Señaló que la familia Acevedo denunció actividades criminales durante más de 10 años y sus miembros nunca fueron protegidos por el Estado.
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La senadora Desirée Masi (PDP) pidió incluir en la resolución a la Fiscalía y los fiscales de la zona. Repudió que se pretenda instalar que el crimen fue un “ajuste de cuentas” cuando se sabe que la familia Acevedo viene denunciando a todos los mafiosos de la zona norte del país. Recordó que los policías asignados a cuidar en su momento a Roberto Acevedo, exsenador y hermano del intendente asesinado, nunca pasaban pruebas de polígrafo cuando les interrogaban si habían dado información a los narcotraficantes.
La declaración insta “al Poder Ejecutivo a emplazar a la Comandancia de la Policía Nacional, Jefes y Subalternos de la Institución policial por el término de quince días para esclarecer el nefasto magnicidio del Intendente municipal de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, y en caso de fracasar en su misión ordene una purga profunda en las filas policiales empezando por los comisarios y subcomisarios del departamento de Amambay”.
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En su segundo artículo se insta “a las autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público que de forma urgente arbitren los medios necesarios que sirvan para la investigación y esclarecimiento del cobarde atentado que acabó con la vida del citado Intendente municipal“.
El proyecto, no vinculante, fue aprobado por el pleno y remitido al Ejecutivo y las instituciones citadas.