Patricia Echeverría, titular del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) aseguró que la institución sí realiza los controles de calidad de los combustibles. La afirmación realizó después de haber respondido a ABC que está fuera de su competencia la verificación de los carburantes.
Nuestro diario realizó un pedido al INTN vía Acceso a Información Pública (AIP), Exp. N° 55.649. Se le pidió copias de los certificados de control de calidad de los combustibles importados, un resumen ejecutivo en el cual se valore la calidad de esos productos que ingresan al país, si hay análisis enviados a Petropar, así como otros documentos que la institución considere de interés y que estén relacionado al tema. La respuesta brindada fue un escueto comentario en el expediente, diciendo que el “ONM (Organismo Nacional de Metrología) no puede responder dado que está fuera de su competencia”, y que ella es solamente “la verificación del correcto funcionamiento de los surtidores y dispensadores de combustibles líquidos y del suministro volumétrico exacto”.
Luego de la publicación periodística de dicha respuesta, Echeverría envió un comunicado a ABC en el cual explicó que funciona mediante tres organismos y son el Nacional de Inspección (ONI), de Investigación y Asistencia Tecnológica (OIAT) y Nacional de Metrología (ONM).
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La OIAT se encarga de la toma de muestras provenientes en las barcazas de combustibles como los extraídos en las gasolineras y la ONM, de la verificación y el precintado de los camiones cisterna para contar con una trazabilidad del producto ingresado al país. “Por lo expuesto, se refiere a una instancia de técnica de los organismos del INTN, ONM. La realización de los ensayos sobre la composición de los combustibles del INTN, OIAT, sí se realizan los controles de calidad”, asegura la nota.
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No obstante, la institución evitó argumentar por qué sigue sin proporcionar los documentos requeridos que muestren los controles efectivos de calidad de los carburantes, que es una tarea del INTN. Eso, pese a que está obligada por la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental a dar esas informaciones de interés público.
Baja fiscalización
Los usuarios del sector hoy están comprando un combustible cada vez más caro, debido a factores externos, pero no tiene garantía de calidad real de los productos que está comprando. Al menos eso se puede concluir al no tener las documentaciones requeridas al INTN, lo que se suma al casi nulo control que se verifica por parte del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cuyos datos muestran que sólo el 3% de las gasolineras del país fueron controladas en 2021.
El MIC informó que sólo 80 de 2.502 gasolineras fiscalizó en 2021, el 3% de las existentes. El dato fue proporcionado mediante el Exp. AIP 55.646, también de AIP. Aunque no brindó detalles de qué tipo de inspecciones hizo en ese 3%, ni mencionó los nombres de los fiscalizados ni las infracciones detectadas.
Tampoco actualiza su web con información relacionada a la importación y ventas de los combustibles, y lo último que se encuentra disponible al respecto es de julio de 2018, en coincidencia con el cambio de Gobierno. Al respecto, el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, señaló que están con inconvenientes técnicos para socializar los informes pero que los trabajos se siguen realizando.
Critican escueta respuesta al expediente AIP
El abogado y activista por el libre acceso a la información pública que está en poder del Estado, Federico Legal, de la organización IDEA, cuestionó la escueta respuesta brindada por el INTN vía el portal de Acceso a Información Pública (AIP). “Es una malísima práctica responder sólo porque hay una publicación de prensa de por medio”, dijo. Añadió que la ley le obliga a la institución pública a brindar información clara, responsable y objetiva, además de que es el mecanismo para demostrar que cumple con sus obligaciones.
Legal observó que, conforme al primer informe del INTN, se podría sospechar que desconoce su obligación de controlar la importación de combustibles y por lo tanto no lo hace, o bien, hace ese control y tiene la información, pero no la proporciona para el acceso ciudadano.
