La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe resolver la recusación planteada por la exjefa de Control Interno de la Gobernación de Central, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, contra los camaristas que integran el Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias.
La Sala Penal está integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel de Jesús Ramírez Candia.
La exfuncionaria de la Dirección de Administración y Finanzas de la institución departamental fue imputada en febrero por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quienes solicitaron su arresto. Los presuntos hechos investigados son lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal.
El plazo ordinario para que el Ministerio Público presente el requerimiento pertinente con relación a la procesada, es de seis meses desde la imputación. Dicho plazo vence el próximo 19 de agosto, pero, la audiencia de imposición de medidas cautelares, a cargo de la jueza María Elena Cañete del Juzgado de San Lorenzo, no se realizó hasta ahora debido a las chicanas planteadas por defensa de la procesada.
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Audiencia postergada por chicanas
Primeramente, presentó un recurso de apelación de reposición en subsidio contra la providencia que convocaba a audiencia que fue rechazada por el Tribunal de Apelación conformada por los jueces Arnulfo Arias, Bibiana Benítez y Andrea Vera Aldana.
Luego, Karina Mazacotte solicitó la nulidad del acta de imputación y este incidente debió ser resuelto por los camaristas Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, pero en este momento se planteó la tercera chicana, los magistrados fueron recusados y esto, lo debe resolver la Sala Penal de la Corte.
Según el acta de imputación, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, le habría encargado a la también exfuncionaria de la Gobernación, Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa), pagarle a los funcionarios denominados “por transferencia”, pero, las facturas debían ser emitidas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación.
Las facturas en cuestión fueron utilizadas en la rendición de cuentas de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), del fondo covid-19, que la Gobernación recibió del Ejecutivo recibió en diciembre de 2020, durante la administración el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), también imputado en la causa por la Fiscalía y separado del cargo por la Junta Departamental.
González Alegre, transfirió el millón de dólares a dos organizaciones no gubernamentales como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, imputado, quien recibió la suma de G. 5.105 millones, así como también al Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, quien recibió G. 1.276 millones. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías.