La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel de Jesús Ramírez Candia, rechazaron la chicana planteada por la defensa de la exjefa de Control Interno de la Gobernación de Central, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, representada por el abogado Gustavo Adolfo Valinotti Gauto.
El recurso contra los camaristas que integran el Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faria y Arnulfo Arias, sugería separarles de la causa. La Corte sostuvo que la recusación es improcedente y confirmó a los mismos.
Al respecto, la ministra María Carolina Llanes Ocampos concluyó que el recurso planteado “carece de fundamento fáctico y jurídico”, motivo por el cual no tuvo lugar la separación de los magistrados en la causa.
También advirtieron al abogado Gustavo Adolfo Valinotti Gauto “litigar de buena fe”, evitando los planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que el Código le concede. Le dijeron que de comprobarse esto, “la norma legal le otorga a los jueces la facultad de aplicar sanciones”.
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Deben resolver otra chicana
El Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faria y Arnulfo Arias, ahora debe resolver otra chicana planteada por la defensa de Mazacotte Widmer. Recordemos que el abogado solicitó la nulidad de la imputación hecha por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), quienes solicitaron su arresto. Los presuntos hechos investigados son lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal. Debido a la ola de incidentes planteados, hasta la fecha no se realizó la audiencia de imposición de medidas.
Vencerá el plazo
El próximo 19 de agosto vence el plazo ordinario de seis meses solicitado por el Ministerio Público para llevar a cabo la investigación y luego presentar el requerimiento pertinente en relación a la imputada.
Los hechos
Según el acta de imputación, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, le habría encargado a la también exfuncionaria de la Gobernación Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa), pagarles a los funcionarios denominados “por transferencia”, pero las facturas debían ser emitidas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación.
Las facturas en cuestión fueron utilizadas en la rendición de cuentas de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), del fondo COVID-19, que la Gobernación recibió del Ejecutivo en diciembre de 2020, durante la administración el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), también imputado en la causa por la Fiscalía y separado del cargo por la Junta Departamental.
González Alegre transfirió el millón de dólares a dos organizaciones no gubernamentales, como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, imputado, quien recibió la suma de G. 5.105 millones, así como también al Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, quien recibió G. 1.276 millones. En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías.