El gobernador de Caazapá y aspirante al Senado por el cartismo, Pedro “Pipo” Díaz Verón, soporta varias denuncias ante el Ministerio Público. Lo llamativo es que todas quedaron paralizadas a partir de su conversión al movimiento liderado por el “significativamente corrupto” para EE.UU, Horacio Cartes.
Una de las causas contra “Pipo” hace referencia a la compra de lotes que debían ser destinados para la reforma agraria. El jefe departamental, sin embargo, construyó en esos terrenos, ubicados en la colonia Alejo García, más conocida como Corateî (distrito de Ayolas), una imponente casa de verano.
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El abogado Mauro Florenciáñez, que formuló la denuncia ante la fiscalía el 31 de mayo del año pasado por este hecho, presentó ayer otro escrito en el cual urge una serie de diligencias. El profesional solicita verificar toda la documentación por la cual el gobernador accede a los inmuebles.
Contratos, escrituras y más
Entre los documentos urgidos por el denunciante están el contrato privado de compra-venta firmado por el gobernador Díaz Verón con Bernardo Rotela Ávalos; la mensura administrativa y título sí fue otorgado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a favor de Rotela Ávalos y copia del contrato de arrendamiento con la Municipalidad de Ayolas presentado por “Pipo” para justificar la compra de los terrenos.
Asimismo, se urge solicitar copia de la nota presentada por la Municipalidad de Ayolas en la cual pide la transferencia de terrenos en la zona de Corateî como también en caso que se haya cumplido con ese trámite solicitar la escritura formalizada por la Escribanía Mayor de Gobierno.
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Según el escrito, los documentos deben estar en la oficina local del Indert y comuna ayolense.
Luego de 11 días del allanamiento
El paso al cartismo de Pedro “Pipo” Díaz Verón, hermano del imputado exfiscal general Javier Díaz Verón, se dio once días después de un allanamiento realizado por una comitiva de la unidad anticorrupción, liderada por el fiscal Osmar Legal. El procedimiento se realizó el 14 de enero último, mientras que el jefe departamental confirmó su paso, el 25 de enero de ese año, según la publicación realizada por el diputado cartista y presidente de la ANR, Pedro Alliana. La Fiscalía llegó a la sede departamental por denuncias sobre presunto mal uso de fondos covid.