El Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Andrea Vera Aldana, Gustavo Santander Dans y Delio Vera Navarro, hizo lugar a la impugnación planteada por los jueces de sentencias Carlos Hermosilla y Héctor Fabián Escobar, y confirmó a los magistrados Lourdes Peña y Jesús Riera como miembros del Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juzgamiento del excontralor de la República José Enrique García por el caso Ivesur. La presidente del colegiado es la jueza Cándida Fleitas.
Ahora el Tribunal de Sentencia debe fijar fecha para el juicio oral y público al exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, acusado de supuesta producción y uso de documentos no auténticos por el fiscal Leonardi Guerrero, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
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En esta misma causa el exfuncionario de la Comuna capitalina Rodolfo Duarte López fue condenado en un juicio oral y público a 2 años y 3 meses de cárcel por uso de documento público de documentos no auténticos.
Esta condena -dictada el 30 de junio de 2021- ha sido confirmada a principios de setiembre del año pasado por el Tribunal de Apelación Penal, 1ª sala, de la Capital.
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Antecedentes del caso Ivesur
La acusación fiscal señala que el 6 de octubre del año 2016, el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García, se habría valido de un escrito falsificado para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.
La empresa Ivesur fue representada por los abogados Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y exministro del Interior del actual gobierno, y Sergio Coscia, exprocurador general de la República.
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Ivesur ganó a la Comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la Inspección Técnica Vehicular (ITV) a los rodados que entraban a la capital.
La empresa ITV SA (Ivesur) renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó a la Municipalidad de Asunción, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección técnica vehicular en la capital.