El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado por los camaristas Gustavo Ocampos González, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmó el proceso penal a Fernando Rafael Silva Riveros, uno de los imputados en el caso Mercat junto al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez.
La abogada Lilian Mendoza Caballero, en representación de Silva Riveros, había apelado el Auto Interlocutorio N° 187 del 30 de junio de 2022, por el cual la jueza de Garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía rechazó el incidente de nulidad absoluta de actuaciones deducido por la defensa.
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La letrada argumentó incumplimiento de formalidades procesales, alegando que ninguno de los autos interlocutorios obrantes en la investigación preliminar del operativo “Mercat” cuenta con el sello y registro de Estadística Penal del Poder Judicial y que dicha circunstancia vulnera los derechos y libertades del procesado.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que “se constata claramente que no existe quebrantamiento alguno de normas procesales, pues no se puede hablar de violación de la defensa en juicio, o de los derechos procesales, por no haberse remitido las resoluciones dictadas en el marco de la causa denominada Mercat a la oficina de Estadística del Poder Judicial”.
Caso Mercat: investigan si madre de procesado vivió con él en Tacumbú
El viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez, anunció ayer que se estudiará la posible apertura de un sumario administrativo al personal de la cárcel de Tacumbú, tras la denuncia de que la mamá de Fernando Rafael Silva Riveros se quedó a vivir en la Penitenciaría Nacional con su hijo preso.
Se trata de Denisse Riveros, quien fue convocada por las autoridades penitenciarias luego de que su hijo sufriera una crisis nerviosa e intentara acabar con su vida. Tras esto, la mujer se habría quedado en el penal durante un periodo, para acompañar al procesado.
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“La dirección de Anticorrupción es la que debe iniciar un sumario a fin de poder determinar si existieron o no esos hechos. Si existió una irresponsabilidad administrativa se debe llevar adelante este sumario”, puntualizó Benítez.