Richard Benítez, de 33 años, había sido imputado por el Ministerio Público por el delito de incumplimiento del deber legal alimentario. Como se comprometió a pagar, para evitar el juicio oral y público, se le otorgó una suspensión condicional del procedimiento y la causa se derivó al Juzgado y la Fiscalía de Ejecución.
Pero la madre de dos de sus hijas notificó que Richard Benítez sigue sin pasar la prestación alimentaria y detalló que actualmente adeuda más de G. 30 millones. A pedido de la fiscala de Ejecución, Perla Cáceres, la jueza también de Ejecución de Villarrica, Marlene Romero, revocó el beneficio.
Ahora, el caso volvió al Juzgado Penal de Garantías y a la Fiscalía ordinaria, en donde se tramitaron la imputación y la suspensión del proceso para la reapertura de la causa penal. La jueza de garantías es Marcela Mallorquín y la fiscala penal, Rosa Arzamendia, quien no goza de la confianza de la madre de las hijas del procesado.
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La madre de las niñas también solicitó al Juzgado que Richard Benítez sea incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) del Poder Judicial. Además, el funcionario público tiene otra sentencia por demanda de prestación alimentaria de la mamá de otro de sus hijos, que también estaría incumpliendo, pero por este último caso no se presentó denuncia ante la Fiscalía.
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De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), Richard Benítez Pereira también fue funcionario de la Cámara de Diputados, comisionado a la Gobernación de Guairá. El imputado prefirió no hablar al respecto alegando que se trata de una cuestión privada.