Fecha de preliminar para directivos de Caja Bancaria por supuesto billonario desvío

Un juzgado penal fijó para el 28 de noviembre el nuevo intento para llevar a cabo la audiencia preliminar para los directivos de la Caja de Jubilados Bancarios, acusados por un billonario supuesto desvío de fondos de la institución.

Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Chamorro Ortíz, José Antonio Caballero Bobadilla y Miguel Oro Domínguez, directivos de la Caja Bancaria que podrían enfrentar juicio oral por una supuesta malversación de fondos.
Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Chamorro Ortíz, José Antonio Caballero Bobadilla y Miguel Oro Domínguez, directivos de la Caja Bancaria que podrían enfrentar juicio oral por una supuesta malversación de fondos.gentileza

La jueza penal de garantías Cynthia Lovera fijó para el 28 de noviembre a las 8:00 la audiencia preliminar para los acusados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Hamuy Campos Cervera, directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.

La sustanciación de la audiencia preliminar será a través de medios telemáticos – videollamadas o similares, conforme a la Ley N° 649572020 “Que autoriza la implementación del sistema de audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

La causa está identificada como: “José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Hamuy Campos Cervera s/ lesión de confianza”. Identificación N°: 01-01-02-01-2019-9790.

La acusación de la Fiscalía

La investigación penal por lesión de confianza se inició con la denuncia que realizó el Sr. Isidro Colmán Moreno, en fecha 20 de noviembre de 2019, acerca del supuesto hecho punible que supuestamente perpetraron los hoy acusados José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, respectivamente.

La acusación de la fiscala Claudia María Aguilera Jara sostiene que los mencionados acusados han incurrido en hechos y actos administrativos irregulares, que en la mayoría de los casos constituyeron observaciones que fueron señaladas bajo advertencia por parte de entes contralores como el Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también auditorías internas de la Caja Bancaria, las cuales no fueron consideradas en tiempo y forma por la Administración de la Caja.

Las inobservancias constituyeron una conducta omisiva de los mismos, lo cual ocasionó un grave perjuicio patrimonial a la institución, señala la acusación.

Uno de los 18 puntos desarrollados por el perito contable Lic. Javier González, propuesto por la Fiscalía, demosstró en su análisis del punto 1 sobre la variación que se ha visto con respecto a los gastos de seguro médico desde el año 2015 hasta el 2019, resultando en la suma de G. 37.449.119.291, y ello se ha reflejado en el punto 18 como parte del perjuicio patrimonial o daño patrimonial a la Caja de Jubilaciones, el cual ha tenido una consecuencia negativa en la situación financiera de la Caja, señala la acusación.

Los gastos en seguro médico aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe en el año 2015 ascendió a la suma de G. 18.310.320.000, en el año 2016 se ha incrementado en la suma de G. 26.250.878.285, en el año 2017 se incrementó en la suma de G. 41.145.786.334, en el año 2018 se incrementó en la suma de G. 53.554.931.419 y en el año 2019 en la suma de G. 55.759.439.291. El total de la variación es de G. 37.449.119.291, solamente por los gastos de seguro médico.

En resumen, la conclusión del perito indica que el superávit al 30 de junio de 2015 fue de G. 965.943.000.000, y el déficit al 31 de diciembre de 2017 fue de G. 1.529.373.705.982, con lo que determinó que el daño patrimonial total a la Caja de Jubilados Bancarios ascendía a G. 2.495.216.705.982 (dos billones, cuatrocientos noventa y cinco mil millones, doscientos diez y seis millones, setecientos cinco mil, novecientos ochenta y dos guaraníes).

La querella adhesiva

Por su parte, la querella adhesiva ejercida por el abogado Jorge Rubén Vasconsellos, en representación del Sr. Isidro Colmán Moreno, planteó acusación y solicitó que la causa Nº 1-1-2-1-2019-9790 caratulada “José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ lesión de confianza”, sea elevada a juicio oral y público.

Del escrito de la querella adhesiva se desprende cuanto sigue: “El daño o perjuicio patrimonial producido por José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, en sus respectivas condiciones de presidente y miembros del Consejo de Administración de la aludida Institución, representa la suma de G. 1.529.373.000.000 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta tres millones de guaraníes)”

Es decir, sostiene la querella, que considerando el Estudio Actuarial al 31 de diciembre de 2015 que al 31 de diciembre de 2017 (Memoria y Balance 2015) pasó a ser negativo o déficit actuarial total de G. 2.495.186.820.000 (dos billones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento ochenta y seis millones ochocientos veinte mil), haciendo un total general de dos billones quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres guaraníes (G. 2.532.635.869.363).

La querella también agrega que la Contraloría General de la República en su última Auditoría (CGR 843/18) también afirma que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines no reveló en los Estados Contables al 31/12/2018, las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1.529.373.705.982 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta y tres millones setecientos cinco mil novecientos ochenta y dos guaraníes), incumpliendo la exigencia de la Ley 2856/06 de la Caja de Jubilaciones.

El perito de la querella adhesiva es el Lic. Francisco Centurión.

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