En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Óscar Orué, viceministro de Tributación, comentó que está en marcha una “fiscalización” sobre los pagos de impuestos del abogado Amílcar Fretes, hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, luego de que ayer se revelara que el letrado firmó en 2021 un acuerdo por la suma de 368 mil dólares para brindar asesoría legal al ciudadano brasileño-libanés Kassem Mohamad Hijazi cuando este buscaba frenar su extradición a los Estados Unidos.
El viceministro Orué dijo que al enterase del caso por los medios de comunicación ordenó al director de Fiscalización de la Secretaría de Estado de Tributación que abra una pesquisa sobre Amílcar Fretes, quien ayer renunció a su cargo administrativo en la Itaipú Binacional.
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Orué afirmó que se indagará no solo sobre el pago específico mencionado en el contrato firmado por Fretes y Sharif Kassem Hijazi, hijo de Kassem Mohamad, sino también los libros de compra y venta del abogado de los últimos cinco años, a fin de determinar si incurrió en algún tipo de falta tributaria.
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Aseguró que se solicitará información a todos los bancos, valiéndose de la figura de levantamiento del secreto bancario, para verificar si Fretes ingresó dinero “en negro” al sistema financiero paraguayo.
“Esta persona (...) Hay que ver si Contraloría puede hacer un análisis de su patrimonio. Como funcionarios públicos, todos tenemos la obligación de que se haga correspondencia del patrimonio en base a declaración jurada”, agregó, indicando que si se hallan indicios de lavado de dinero u otros hechos punibles se comunicará al respecto a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o al Ministerio Público, según corresponda.
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Más allá del posible perjuicio patrimonial al Estado, el viceministro Orué opinó que el “perjuicio institucional” que causa el escándalo es “enorme”.
El acuerdo y el dinero
El acuerdo entre Fretes y Sharif Kassem Hijazi fue firmado el 30 de septiembre de 2021, nueve días después de que el juez José Agustín Delmás confirmara el proceso de extradición de Kassem Mohamad Hijazi, requerido por Estados Unidos por supuesto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
Fretes explicó ayer a ABC Cardinal que la intención de la familia de Hijazi era lograr que el brasileño sea imputado en Paraguay para evitar su extradición a los Estados Unidos.
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El abogado afirmó que “no se entregó la plata” acordada en el contrato, sino que en el acto de firma del acuerdo Sharif Kassem Hijazi desembolsó US$ 60.000 “para que el doctor Rafael Fernández -el abogado que posteriormente representó legalmente a Hijazi- haga las presentaciones correspondientes”, dinero que afirma quedó en poder de “una persona de confianza del señor Sharif en Asunción”.
Sin embargo, el texto del contrato firmado indica que el hijo de Hijazi “entrega en este acto” la suma acordada de US$ 368.000. Además, Fretes dijo contradictoriamente que Fernández “entró dos días después de que yo hubiera firmado el documento”.
¿Antonio Fretes no sabía?
Amílcar Fretes afirma que su padre, el ministro Antonio Fretes, de la Corte Suprema de Justicia, no fue informado sobre el contrato hasta su revelación ayer por parte de la prensa. El abogado admitió que firmó el contrato a pesar de que era muy probable que el caso –que por entonces aún estaba en la Cámara de Apelaciones– termine en la Sala de Asuntos Constitucionales de la Corte Suprema y sea deliberado por su padre, como eventualmente ocurrió. Lo llamativo de la situación es que el propio ministro Fretes hizo una aclaración en una de las sesiones de la Corte poco tiempo después, diciendo que nadie puede pedir nada en su nombre, ni siquiera sus hijos.
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Sin embargo, negó que se trate de tráfico de influencias, argumentando que su contrato tenía un plazo de solo 30 días y su vinculación con Hijazi terminó mucho antes de que el caso vaya a Asuntos Constitucionales.