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La Contraloría General de la República analiza un posible daño patrimonial al Estado en el caso del arriendo del anfiteatro José Asunción Flores, en San Bernardino. “Dando seguimiento a un posible daño patrimonial contra el Estado paraguayo es que iniciamos este procedimiento de verificación”, manifestó Benítez Aldana en conversación con el programa “Noticias y más” de radio ABC Cardinal 730 AM.
El contralor adelantó además que esta semana se enviará a un equipo técnico de la institución para realizar la verificación in situ de las condiciones en las que se encuentra el icónico anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino. “Si bien la denuncia que nos acercaron tiene fotografías, queremos recabar datos al respecto”, agregó.
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Antiteatro: un lugar de tres décadas
El anfiteatro fue inaugurado oficialmente en setiembre de 1992, pero la crisis financiera de mediados de los años 1990 llevó a la quiebra a la firma Lago Vista SA, ligada al Banco de Inversiones del Paraguay SA (BIPSA), propietaria del establecimiento.
El sitio estuvo abandonado durante varios años y finalmente en 2012 fue promulgada la Ley 4784, por la cual se declaraba de interés social y se expropiaban las fincas 832, 7060 y 7364 de la compañía Yby Anguy de San Bernardino, donde está el anfiteatro. En total, los tres inmuebles tenían más de nueve hectáreas.
Luego de varias disputas que llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia, la ley quedó firme y el Estado tuvo que desembolsar casi G. 35.000 millones por la valiosa propiedad.
Finalmente, el Estado entregó al municipio de San Bernardino la administración del anfiteatro hasta el 2032.
El actual contralor general fue el síndico de Quiebras dictaminante en el proceso de quiebra y quien sugirió que el Estado se quede con el valioso inmueble, atendiendo que el Banco Central del Paraguay (BCP) era uno de los mayores acreedores del BIPSA.
“Conozco muy bien el caso porque fui dictaminante. Lo que queríamos con ese proyecto era compensar la deuda con los inmuebles que luego quedaron en manos del Estado”, recordó.
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Sin embargo, rememoró que el proyecto de ley original no tenía previsto entregar el anfiteatro a la comuna de San Bernardino.
“El beneficiario original no era la comuna, sino un fondo para la cultura que se llama Fondec”, relató.
“En el Congreso fue modificado eso y se le otorgó al municipio. Eventualmente, habría que debatir si va a poder funcionar, porque no sé si la municipalidad tiene los recursos para poder mantener el anfiteatro en forma y como la ciudadanía espera”, afirmó.
“Debería haber una iniciativa legislativa que el MOPC tenga el usufructo o el propio Banco Central para que puedan mantener en forma”, apuntó.
Estado, el que menos gana
La Comuna, a su vez, terminó concesionando el usufructo del anfiteatro José Asunción Flores en 2016.
El documento fue firmado en 2016 entre el entonces intendente de San Ber, el liberal llanista Luis Aguilar y un ciudadano de nombre Néstor David Martínez Britos, quien resultó ser funcionario público y proveedor del Estado.
Según se puede ver en el documento, la municipalidad entregó el usufructo del anfiteatro por siete años. A cambio, debía recibir un canon de G. 400 millones por todo ese período, lo que equivaldría a unos G. 57 millones por año.
El arrendatario debía entregar lo equivalente a unos G. 4.750.000 mensuales.
A cambio de ese dinero, según consta en el contrato, el mismo podía volver a subarrendar la utilización del predio y percibir de forma exclusiva todos los beneficios económicos.
Martínez le cobró G. 785 millones por cuatro años de usufructo a una sola empresa, esto es unos G. 196 millones anuales.
Con un solo contrato, Martínez Britos casi dobló el monto total que pagó a la comuna y triplicó el total anual.
“Tenemos información de lo que sale en los medios de prensa, que existen contratos y subcontratos. Al final, como siempre, el Estado es el que menos gana dinero en todas estas operaciones. No podría aseverarte que va a ser así, pero es lo que queremos verificar”, manifestó el contralor al respecto.
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Informe antes de fin de año
Benítez Aldana manifestó además que tras la recolección de información por parte del equipo que realizará la verificación in situ del anfiteatro, se deberá avanzar con el análisis.
“Ahí vamos a definir si se va a realizar una auditoría posterior o si ya podemos elaborar un informe final y dirimir en la instancia que corresponda”, puntualizó.
Sin embargo, aclaró que los resultados, cuando menos preliminares, no pasarán de fin de año.
“Seguro que vamos a sacar antes de fin de año, en el transcurso de las próximas semanas, algún avance del informe cuanto menos”, acotó.
“Es un tema muy emblemático por todos los antecedentes, por el monto por el cual se absorbió el anfiteatro, por el ínfimo monto que cobra el municipio; el monto ni siquiera es suficiente para mantener el lugar y con el condimento que hay subcontratos”. agregó.
No descarta complicidad
“Existe alguna suerte de presunción, de cierta complicidad de algunos funcionarios públicos con la persona que recibe el contrato y que luego vuelve a contratar con estas empresas que utilizan el anfiteatro como discotecas y demás”, afirmó el contralor Benítez Aldana.
“Sumado a eso, la desgracia de este año, creemos que todo exige una verificación exhaustiva. No es un tema menor, es un caso emblemático”, sentenció.
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Arrendatario en silencio
Néstor David Martínez Britos, funcionario público que se quedó con el usufructo del icónico anfiteatro, ignoró los pedidos de informe remitidos desde la Comuna con respecto a los subarrendamientos en el lugar.
En primer término, la CGR requirió que se informe si el anfiteatro fue concesionado a alguna empresa y que, en caso de ser así, se le remitieran los antecedentes.
También solicitó que le envíen detalles sobre los ingresos que generó para el municipio la concesión. Además, reclamó que se detallasen cuáles eran las empresas a las que se les entregó la subconcesión para operar en el lugar.
Martínez Britos es funcionario del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), y llegó, incluso, a ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la institución.
En la última declaración jurada de bienes y renta presentada por Martínez Britos se puede cotejar que su patrimonio neto era cero, como consecuencia de no poseer activos ni pasivos.
Tampoco declaró pago alguno de impuestos de las ganancias del alquiler del valioso predio.