Ratifican prisión de policías procesados por supuesta coima y privación de libertad

Los dos agentes de la Policía Nacional imputados por presuntamente haber retenido ilegalmente a la empleada de un local nocturno de Asunción y solicitar una coima de G. 3 millones para liberarla seguirán en prisión. La defensa había solicitado el arresto domiciliario de ambos.

Evelyng Núñez González y Cemión Arce Mendoza, policías procesados por la supuesta privación de libertad y pedido de coima.
Evelyng Núñez González y Cemión Arce Mendoza, policías procesados por la supuesta privación de libertad y pedido de coima.gentileza

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El juez en lo Penal de feria José Agustín Delmás ratificó la prisión preventiva de la oficial Evelyng Jazmín Núñez González y el suboficial Cemión Arce Mendoza, ambos de la Comisaría 3ª de Asunción, procesados por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado y privación ilegítima de libertad en calidad de coautores.

La defensa de los uniformados solicitó al Juzgado de Garantías que revoque la prisión preventiva y otorgue a los mismos el arresto domiciliario. Sin embargo, el juez Delmás consideró que no ha variado la situación procesal de los imputados y, en consecuencia, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva.

Ambos agentes fueron imputados la semana pasada por el fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras la denuncia presentada por Johana Riveros Saavedra, quien había sido denunciada por supuesto hurto por la empresa donde trabajaba.

Policías habrían aprovechado denuncia para “fichar” a víctima

Según la imputación fiscal, el 5 de diciembre de 2022, a las 22:30, Arnaldo Ramos, administrador de la firma “A.M.P. S.A. Club Condesa”, se presentó en la sede de la comisaría 3ª del área Metropolitana de Asunción, a fin de realizar una denuncia por el supuesto hecho de hurto en contra de Johana Riveros Saavedra, quien aparentemente fue empleada de la citada empresa. La denuncia fue recibida por la oficial Evelyng Jazmín Núñez González.

Al día siguiente, el suboficial Cemión Arce Mendoza, junto a otro policía, habrían acudido hasta el referido local comercial. Luego, Johana Riveros Saavedra, en compañía de su hija menor de 5 años de edad, se habría constituido a las oficinas de su trabajo anterior, a fin de llegar a un acuerdo con relación a su desvinculación con la empresa ya citada.

Seguidamente, Saavedra cuando se dirigía hasta el Ministerio de Trabajo para hacer una denuncia por despido injustificado, en un momento dado habría sido interceptada por una patrullera, que estaba conducida, presuntamente, por el suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza, quien habría estado acompañado por la oficial ayudante Evelyng Núñez.

Habría exigido G. 3 millones para liberar a la víctima

El relato del Ministerio Público destaca que Núñez habría descendido del móvil para solicitar a Saavedra su documento de identidad, pero la mujer no lo tenía consigo, por eso Núñez habría llamado a su camarada Cemión Arce, quien descendió del vehículo y habría exigido a Johana Saavedra que suba a la patrullera y la tuvieron retenida durante una hora, aproximadamente.

Ambos agentes policiales habrían privado a Saavedra de su teléfono celular en el interior del móvil M30. Habrían iniciado un recorrido irregular desde la calle Haedo hasta Estados Unidos y Rodríguez de Francia. Allí, Cemión Arce habría detenido la marcha de la patrullera para decirle a la civil que negociarían su libertad a cambio de una “propuesta decente”.

Ambos uniformados habrían pedido a su víctima la entrega de G. 3.000.000 para liberarla. Posteriormente, la mujer pidió su teléfono para comunicarse con sus familiares, quienes llegaron al lugar minutos después y los mismos pudieron filmar a ambos policías.

Ante la advertencia de la víctima de que denunciaría a los uniformados, los policías la llevaron hasta la comisaría 3ª, la ingresaron por la cocina al comedor e iniciaron el procedimiento de rigor, labrando acta policial.

Finalmente, la mujer víctima habría acudido nuevamente a su anterior trabajo a recibir su liquidación. El administrador le habría indicado que acepte G. 750.000 a cambio de retirar una supuesta denuncia presentada en su contra por hurto.

Saavedra exigió ver la denuncia y constató que fue recibida el 5 de diciembre de 2022, por la misma oficial Evelyng Núñez.

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