Exfiscal Díaz Verón y su esposa recusaron al tribunal y suspenden juicio oral

La defensa del ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente, recusó al pleno del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Cándida Fleitas e integrado por Víctor Alfieri y Alba González; motivo por el cual no pudo iniciarse en la fecha el juicio oral y público.

El abogado Mario Elizeche González, representante legal de Morínigo, argumentó que que tiene dudas sobre la forma en que fue constituido el colegiado de sentencia. “Son magistrados bien considerados por la sociedad, pero venimos a atacar la falta de la competencia, que es lo que nos genera duda. Esto ya fue atacado en forma recursiva, pero no se han expedido sobre el fondo de la cuestión, por ello recurrimos a esta vía de la recusación”, explicó.

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El letrado agregó que debido al dudoso criterio de conformación del Tribunal de Sentencia existe una sospecha en cuanto a la imparcialidad del colegiado a cargo del juzgamiento de la causa que afrontan el ex titular del Ministerio Público y su cónyuge.

Argumentos de la defensa del exfiscal Díaz Verón

Elizeche González indicó que ya se había integrado un Tribunal de Sentencia, con la Unidad del Crimen organizado, como los jueces Víctor Alfieri, Dina Marchuk y Gloria Hermosa como miembros titulares, pero luego fue sustituido con la incorporación de la magistrada Cándida Fleitas, del fuero especializado en delitos económicos.

“Consideramos que no se trata de una cuestión meramente administrativa, como argumentó una de las juezas recusadas, porque el juez natural de la causa. Con esto se está violando el principio de perpetuación de jurisdicciones”, manifestó el defensor.

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Destacó que el Tribunal de Sentencia tenía que estar integrado por Cándida Fleitas, Dina Marchuk y Gloria hermosa, o por Cándida Fleitas y otros dos magistrados que sean designados conforme a sorteo de acuerdo a la lista de magistrados afectados al Tribunal de Sentencia.

El colegiado elevó su informe a la Cámara de Apelaciones, donde un tribunal deberá resolver si hace lugar a la recusación planteada por la defensa o confirma a los jueces como integrantes del Tribunal de Sentencia que debe juzgar la presente causa penal.

Fiscalía cuestiona “actitud dilatoria” de la defensa

La fiscala Natalia Silva, una de las representantes del Ministerio Público en esta causa, indicó que la única intención de la defensa con la recusación planteada en contra del pleno del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos es “dilatar el proceso”.

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En ese sentido agregó que la competencia del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos es una cuestión que ya fue atacada por la defensa del extitular del Ministerio Público, y los jueces fueron confirmados, tanto por la Cámara de Apelaciones como por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Silva solicitó al Tribunal de Apelación Penal de la causa que resuelva lo antes posible la recusación planteada en contra del pleno, a los efectos de fijar una nueva fecha para iniciar el juicio oral y público al exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo.

Déficit de más G. 10.000 millones, según acusación fiscal

La acusación presentada por los fiscales Natalia Silva y Osmar Legal, el 13 de agosto de 2019, señala que el ex fiscal general del Estado y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre los años 2008 y 2017.

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El Ministerio Público sostiene que la inconsistencia se empieza a dar en el 2010, con relación al ex fiscal general del Estado, cuando era fiscal adjunto. Ese año tuvo más gastos que dejó un déficit de G. 277.362.657. Al año siguiente, otro déficit de G. 195.585.539.

En el mes de noviembre de 2011, Díaz Verón fue nombrado fiscal general del Estado y siguió arrastrando déficit año tras año. En 2017 culminó con egresos –que no puede justificar– por G. 615.756.078.

Sin embargo, la mayoría de los bienes fueron ocultados a través de su esposa María Selva Morínigo, que fue funcionaria pública del Fondo Ganadero desde el 2008, año que concluyó con un superávit de G. 128.471.753, siempre según la acusación del Ministerio Público.