El ex intendente Silva López admitió el hecho de “lesión de confianza” e incluso se comprometió a resarcir el daño patrimonial causado en perjuicio de la Municipalidad local. El exejecutivo comunal no pudo justificar dónde fue a parar los G.75.114.148, correspondientes a los recursos de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y que fueron pagadas por obras no concluidas en siete instituciones educativas, según las especificaciones técnicas.
Durante la etapa preparatoria, el exintendente fue acusado por el representante del Ministerio Público, el fiscal Darío Villagra. En la sustanciación de la audiencia preliminar, el defensor técnico del acusado, abogado Juan Ángel Ramírez Irala, planteó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento a favor de su defendido. Argumentó que el procesado admite el hecho, acepta la salida conclusiva y ofrece la reparación del daño.
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Sobre esta causa, el fiscal Villagra, había solicitado que sea elevada a juicio oral y público, pero al plantear el defensor técnico del imputado la suspensión condicional del procedimiento, el representante del Ministerio Público se allanó al pedido.
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Atendiendo dichos antecedentes y escuchando a las partes, el juez Bustos, dio lugar al pedido de suspensión condicional del procedimiento. Calificó el hecho punible atribuido al ex intendente Silva López. Asimismo, dispuso suspender a prueba el procedimiento penal por tres años, que es el tiempo en que el exejecutivo comunal deberá pagar cada año la suma de G.25.034.049, hasta cubrir el monto de G.75.114.148.
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El juez le impuso además algunas obligaciones, someterse a un control judicial trimestral, en la Secretaría del Juzgado de Ejecución Penal de Paraguarí, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes. La prohibición de salir del país, sin autorización judicial y el resarcimiento del daño mencionado. El juzgado podrá revocar su decisión si el acusado se aparta en forma injustificada de las reglas dispuestas y aceptadas.