Pilas de chatarra en Puerto Pabla hacen de la vida un verdadero infierno

La vida en el barrio Puerto Pabla, de Lambaré, se convirtió en una experiencia infernal: las calles fueron tomadas por una empresa familiar dedicada al negocio de la chatarra. Los vecinos cuestionan la suciedad reinante y que no pueden disponer del espacio público. El dueño de la empresa dice: “Un pedacito nomás usamos”.

La señora Dionicia Alvarez, pareja del propietario de la empresa, recibió a los fiscales del Mades. No pudo negar que ocupan la calle.
La señora Dionicia Alvarez, pareja del propietario de la empresa, recibió a los fiscales del Mades. No pudo negar que ocupan la calle.

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Vivir en las calles Cap. Gwinn, Tape Tuja y 24 de Mayo, del barrio Puerto Pabla, de Lambaré, llega al extremo de experiencia infernal: ambas arterias se convirtieron en un gigantesco depósito de chatarra.

La empresa chatarrera pertenece a la familia liderada por el pastor evangélico Juan Ramón Miranda.

A juzgar por las denuncias de los vecinos, el pastor Miranda toma muy en serio el dicho popular: “A Dios rogando y con el mazo dando”.

El barrio se convirtió en una fuente de conflictos dado que la convivencia vecinal resulta imposible.

Las calles mencionadas se transformaron en un inmenso depósito de chatarra. Se llega al extremo de que los vecinos no pueden ingresar con sus vehículos a sus viviendas.

A partir de las 22 llegan los camiones de la familia Miranda. Tapan todos los accesos y aquellos que llegaron después de esa hora ya no pueden entrar a sus casas. Deben buscar calles aledañas para dejar sus móviles a la intemperie.

De acuerdo a los denunciantes, plenamente identificados en nuestra redacción, los roces son frecuentes con los propietarios de la chatarra.

Niveles de violencia

La familia Miranda Álvarez está integrada por el pastor, su pareja y siete hijos, de los cuales cinco son mujeres.

Los hijos, aparte de trabajar en la empresa familiar, tienen la misión de vigilar los cargamentos de chatarra.

Parte de esa responsabilidad es no permitir que los vecinos tomen fotografías de los materiales depositados en la calle. Si llegan a descubrir a alguno filmando o fotografiando destruyen los celulares, según los denunciantes.

A partir de la imposibilidad de introducir vehículos en estacionamientos particulares, porque las calles ya están cerradas a la noche, se tiene un reflejo del clima de temor y violencia que impera en ese sector de Puerto Pabla.

A modo de ejemplo, el lunes 27 de febrero último, el señor Carlos Gómez Rojas fue atacado por los hijos de los Miranda Álvarez.

Según consta en la denuncia presentada en la comisaria policial 17ª, de Lambaré, el anciano de 82 años recibió golpes de puño y le habrían arrebatado al celular mientras intentaba llamar a la Policía porque estaban atacando a su hija.

Intervención municipal

El abogado Walberto Alonso, director jurídico de la Municipalidad de Lambaré, confirmó que en setiembre pasado se procedió al desalojo de la chatarra depositada en la vía pública.

“El problema es que los Miranda Álvarez volvieron a ocupar por completo las calles de uso público”, agregó el profesional.

Mencionó que el municipio presentó una denuncia ante el Juzgado Civil de Lambaré pidiendo el despeje de las calles y el desalojo del depósito en la vía pública.

Finalmente dijo: “Se llegó a un extremo absolutamente intolerable. Las calles tienen que ser despejadas”.

El pastor Miranda dice que no molestan

El pastor evangélico Juan Ramón Miranda asegura que “no molestamos a nadie en el vecindario, son ellos quienes nos causan problemas a cada rato”.

En la conversación telefónica mantenida en la mañana de ayer dijo además: “Nosotros sólo usamos un pedacito de la calle y no es en todo momento. Trabajamos por algunas horas y luego se libera porque entregamos nuestra mercadería”.

La conversación no tuvo la fluidez que pretendíamos ante su insistencia por conocer el nombre de los vecinos que denunciaron ante ABC Color la ocupación del espacio público.

Explicamos que en ningún caso facilitamos el nombre de quienes recurren al diario para realizar una denuncia.

En contrapartida dijo: “Aquí mi familia es la agredida porque los vecinos son quienes siempre nos cuestionan y nos molestan”.

Agregó que “vivimos en un asentamiento donde nadie tiene título de propiedad y yo fui el primero en entrar. No tiene nada de malo usar la calle para trabajar”.

Debilidad de las instituciones

Las familia Miranda es propietaria de ocho camiones que colectan chatarra, todos los hijos tienen sus respectivos vehículos.

Los bienes reflejan que son dueños de una empresa. El problema es que utilizan espacio público para desarrollar actividades económicas.

¿Y el vecindario? ¿Qué pasa con aquellos que no pueden estacionar sus vehículos frente a sus casas?

Lo que tenemos entre manos es una extrema debilidad de las instituciones responsables de evitar este tipo de atropello al espacio público.

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