Esta semana se conocerá sentencia íntegra de condena por coima

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La asistente fiscal Teresita Rey Saffi. Atrás, el fiscal Federico Leguizamón, quien esperaba el reinicio de otro juicio oral y público.
La asistente fiscal Teresita Rey Saffi. Atrás, el fiscal Federico Leguizamón, quien esperaba el reinicio de otro juicio oral y público.Gustavo Machado

Esta semana se conocerá la sentencia íntegra por la cual dos funcionarios del Ministerio Público fueron condenados a tres años de cárcel por tráfico de influencias, en un juicio oral y público que concluyó el pasado viernes. El caso tiene que ver con un pedido de coima en el año 2021.

El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos presidido por Cándida Fleitas, Yolanda Morel y Elsa García sentenció a los funcionarios fiscales Óscar David Amarilla Velázquez y Teresita Raquel Rey Saffi a tres años de pena privativa de libertad, tras declararlos culpables del delito de tráfico de influencias. Ambos seguirán con medidas sustitutivas a la prisión hasta que se confirme la condena.

Los ahora condenados fueron detenidos el 19 de noviembre del 2021 durante un allanamiento a la Unidad Fiscal de San Antonio, donde Óscar Amarilla se desempeñaba como secretario y Teresita Rey Saffi como asistente de la fiscala Laura Ávalos.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), solicitó una condena de cinco años de cárcel para los acusados, que actualmente permanecen en funciones en distintas reparticiones del Ministerio Público.

La acusación fiscal

El fiscal Corbeta, quien tuvo a su cargo el operativo, explicó que la versión que recibieron es que, en principio, los funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de San Antonio exigieron la entrega de G. 8.000.000 para conseguir un criterio de oportunidad en el marco de la causa caratulada como “Eulogio Cardozo Dávalos sobre violencia familiar”.

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Sin embargo, el procesado negoció con los funcionarios, que al final aceptaron la suma de G. 5.000.000 en efectivo, siempre de acuerdo con la denuncia que motivó la intervención fiscal.

De esta forma, se planificó una entrega vigilada con la fotocopia y autenticación de los billetes de G. 50.000 a ser entregados como coima para los funcionarios, que fue posteriormente recuperado del poder de Amarilla.

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