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El ciudadano, que se ampara en la ley de acceso a la información pública para hacer su pedido, solicita al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, los extractos de las marcaciones de entradas y salidas diarias del funcionario José Antonio Ocampos Giménez.
El abogado José Antonio “Joselo” Ocampos, es director del Instituto Republicano de Política Estratégica (IRPE), con rubro docente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y funcionario comisionado a la Cámara de Diputados, y cobra al mes G. 14.416.800, según registro oficiales de Hacienda, sin embargo, se lo ve frecuentemente en actividades particulares y partidarias en horario laboral.
El funcionario además es actualmente candidato a senador por el cartismo, y el 3 de mayo del año pasado fue comisionado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Cámara de Diputados, concretamente como asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero a cargo del diputado Derlis Maidana (ANR, HC). Sin embargo, testigos aseguran que es un planillero, pues nunca se lo ve haciendo oficina en la sede legislativa.
Más bien, a José Antonio Ocampos se lo ve diariamente haciendo campaña proselitista en las calles, y publica sus recorridos a través de sus redes sociales.
Pide documentos que justifiquen ausencias
El ciudadano César Fernández pide además todos los documentos respaldatorios que justifiquen eventuales ausencias o llegadas tardías del trabajador. Así también, el ciudadano pidió ver el legajo personal de Ocampos, que contiene sus antecedentes penales, policiales, sanciones, ascensos, etcétera.
En la nota, el funcionario comentó que le da curiosidad observar diariamente publicaciones en las redes sociales del candidato dentro del horario laboral, que dan cuenta de que el funcionario no se encuentra en la Cámara Baja en esos momentos.
“Eso me llamó la atención y dije, este ciudadano es funcionario público, debería estar en su oficina, debería estar prestando servicio para el cual todo los contribuyentes estamos pagando, y para sacarme la duda, hice este pedido de acceso a información pública”, dijo Fernández
El ciudadano pide a la vez que, en caso de corresponder la irregularidad, se efectúe una denuncia ante los órganos pertinentes por incumplimiento de funciones.
En tal sentido, remarcó que los ciudadanos y contribuyente ya no tenemos porqué tolerar casos de presuntos planilleros, por lo que se vio prácticamente obligado a hacer algo al respecto y no descarta que llegue a una denuncia penal si se confirman sus sospechas.
“En mi nota al final justamente dije que si noto que hay irregularidades y que no está trabajando, voy a realizar la denuncia (penal) correspondiente, porque lo que me mueve es la indiganción ciudadana, como ciudadano estoy harto de esto, no puede ser que nuestros impuestos vayan en personas que no estén realizando las labores para las que fue contratada”, acotó.
Destacó igualmente que si bien en este caso decidió actuar ante al caso ya muy alevoso de Ocampos, el planillerismo es prácticamente un fenómeno cultural que trasciende al partido colorado.
“La cuestión del planillerismo no es una cuestión monocrática, sino una cuestión enraizada y que hay que erradicar y la única forma es que como ciudadanos utilicemos las herramientas disponibles y empecemos a denunciar”, dijo, alentando a otros a hacer lo mismo.
Un “protegido” de Alliana
En mayo del año pasado, el entonces titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC), comisionó a la Cámara Baja a José Ocampos, quien en ese momento era precandidato a senador por el cartismo. El hombre también era funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y percibía un salario de G. 14 millones. Otros funcionarios que pidieron el anonimato ya habían asegurado en ese momento que desde mayo el trabajador nunca asistió a la sede legislativa para cumplir funciones de “asesor”, para las que supuestamente se le comisionaron.
El director general de Recursos Humanos de la Cámara Baja, Antonio Attis, había argumentado en ese momento que el funcionario del MAG tras ser comisionado obtuvo una “comisión de servicios” del 3 al 20 de mayo. Esto es una especie de permiso especial que se les concede a los funcionarios para que cumplan funciones fuera de la institución.
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Tras el fenecimiento del plazo de la “comisión de servicios”, el privilegiado funcionario pidió vacaciones del 23 de mayo al 3 de junio. Es decir, desde que fue comisionado (3 de mayo) hasta el 3 de junio no cumplió una sola labor.
Según la planilla de Diputados, actualmente Ocampos está comisionado a cargo del diputado y candidato a senador, Derlis Maidana (ANR, HC), junto a quién presentó una denuncia contra supuestos “hackers”, hecho que también Fernández está analizando.
Abogado “anti hackers”
El pasado martes, Joselo Ocampos y el diputado Maidana fueron hasta la Fiscalía para presentar denuncia penal contra supuestos “hackers” presentes en el país, algo que sería irregular en el caso de que Ocampos haya firmado como abogado.
“Si él (Ocampos) patrocinó una denuncia o firmó como abogado, él al ser funcionario público no puede hacer eso, ya que existe una prohibición en el Código de Organización Judicial que prohibe el ejercicio privado de la profesión de abogado a una persona que está en la función pública”, dijo Fernández, mencionando que también están investigando ese hecho.